La Asociación Colombiana de Minería (ACM) ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno Nacional decrete una nueva emergencia económica en Colombia. Según el gremio, esta medida tendría "implicaciones profundas para el marco institucional del país" y podría afectar la confianza en el Estado de Derecho.
El pronunciamiento de la ACM se da luego de que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunciara el 19 de diciembre de 2025 la preparación de un decreto para declarar una emergencia económica. Según el Gobierno, esta decisión se estaría considerando ante la falta de aprobación de la ley de financiamiento por parte del Congreso, lo que habría generado un faltante de recursos para equilibrar el presupuesto nacional.
En su comunicado, la ACM señaló que la figura de la emergencia económica es de carácter excepcional y debe estar reservada únicamente para hechos "sobrevinientes, imprevisibles y ajenos al control del Estado". Sin embargo, la asociación resaltó que, de materializarse esta declaratoria, sería el "tercer estado de excepción en menos de tres años", una situación que calificó como "inusual en la historia reciente del país".
Según el gremio, el uso recurrente de mecanismos extraordinarios como la emergencia económica para atender desequilibrios fiscales "podría desdibujar el carácter excepcional de estas herramientas constitucionales". La ACM planteó que los ajustes en materia fiscal deben tramitarse por los canales ordinarios, especialmente a través del Congreso, como órgano representativo y deliberativo.
Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, fue enfático al señalar que "es inadmisible que un Gobierno gaste más de lo que recibe, que lo haga de manera sistemática y que, para cubrir su déficit, pretenda justificar una emergencia económica basada en su propia irresponsabilidad fiscal". Nariño advirtió que "gobernar a punta de estados de excepción abre un precedente gravísimo para el país".
La ACM también advirtió que una nueva emergencia económica podría generar incertidumbre en los mercados y en los agentes económicos, afectando la percepción de estabilidad normativa, un factor clave para la planeación de inversiones de largo plazo en actividades extractivas y productivas.
Otras organizaciones empresariales, como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), también han expresado preocupaciones similares sobre los efectos jurídicos y económicos de una eventual declaratoria de emergencia.
En su comunicado, la ACM enfatizó que el sector minero seguirá atento a las decisiones que adopten las autoridades económicas y a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, instancia encargada de evaluar la legalidad de una eventual declaratoria de emergencia económica.
