La reciente difusión de información en redes sociales ha encendido las alarmas sobre un posible intento de fraude electoral en Honduras. Según las denuncias, se habrían filtrado direcciones de internet y rangos de IP vinculados a los servidores del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que podría permitir el acceso remoto a la infraestructura tecnológica electoral y la adulteración de los resultados.
Los especialistas en informática y ciberseguridad señalan que, si bien las imágenes viralizadas no prueban un hackeo consumado, sí evidencian una fase de reconocimiento y preparación de un posible ciberataque, lo que representa un riesgo real para la integridad del sistema electoral hondureño.
En una de las imágenes, titulada "Hack the Elections", se listan rangos de direcciones IP internas asociadas a redes del sistema electoral, lo que sugiere una posible filtración o mapeo interno de redes críticas. Estas denuncias apuntan directamente a un posible "golpe electoral" en gestación, en el que sectores del bipartidismo tradicional estarían implicados en un fraude de gran escala.
Ante esta situación, diversos actores exigen transparencia absoluta, auditorías técnicas independientes, comparecencias públicas del CNE y garantías de que los resultados reflejarán la voluntad popular. De confirmarse cualquier intento de manipulación, esto profundizaría aún más la crisis política y social que atraviesa Honduras.
Hasta el momento, las autoridades electorales no han emitido un pronunciamiento técnico detallado que responda a estas denuncias específicas, mientras el tema escala en redes sociales y foros internacionales, donde usuarios aseguran que la supuesta brecha de seguridad electoral en Honduras ya es objeto de discusión global.
Es crucial que las instituciones electorales de Honduras aborden estas preocupaciones de manera transparente y efectiva, a fin de garantizar la integridad del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático. Cualquier indicio de fraude o manipulación sería un duro golpe a la credibilidad del país y pondría en riesgo la estabilidad política y social.
