El Gobierno peruano ha prorrogado por 30 días calendario, a partir del 21 de diciembre de 2025, el estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao. Esta medida tiene como objetivo hacer frente a la creciente ola de criminalidad que azota a estas regiones.
El decreto supremo 140-2025-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, establece que durante la vigencia de esta norma, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Las autoridades determinarán las zonas de intervención en base a inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito, entre otros instrumentos.
Asimismo, el dispositivo legal indica que durante este período se restringirá o suspenderá el ejercicio de ciertos derechos constitucionales, como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
En cuanto a las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se deberá solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes. Por otro lado, las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de permiso previo.
Dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia prorrogado, el Comando de Coordinación Operativa Unificada informará al Ministerio del Interior sobre los resultados obtenidos durante el régimen excepcional. Este informe final será elevado a la Presidencia de la República, al Congreso de la República y al Poder Judicial, con las recomendaciones correspondientes.
Es importante destacar que este hecho se produce en un contexto político transformado, con 39 agrupaciones en carrera y el regreso del Senado, lo que marcará el rumbo del país en las próximas elecciones de 2026. Entender quiénes buscan el poder será decisivo para el futuro del Perú.
