El asesinato del líder minero Jaime Alonso Gallego, conocido como "Mongo", ha desatado un escándalo por la presunta intervención irregular de un funcionario de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la senadora Isabel Cristina Zuleta en la investigación del crimen.
El pasado 3 de marzo de 2025, Gallego fue secuestrado en una vía que comunica los municipios de Vegachí y Amalfi, en Antioquia. Seis días después, su cuerpo fue encontrado, había sido asesinado a tiros. El único testigo era su escolta, quien también fue secuestrado.
Según consta en una minuta de la Policía, el funcionario de la UTL de la senadora Zuleta, Johan Edisson Giraldo Ospina, se presentó en la estación de Policía de Yolombó y se llevó al escolta, el único testigo del crimen. Los investigadores quedaron desconcertados ante esta intervención, pues no entendieron cómo Giraldo se enteró de las actividades judiciales y por qué, usando su credencial de asesor de la senadora, se llevó al testigo.
Las declaraciones posteriores del escolta fueron, según los investigadores, "confusas" y "contradictorias", lo que generó desconfianza sobre la posible manipulación del testimonio clave para esclarecer el asesinato de Gallego.
Cuatro meses después, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la captura de Arlenson González Vanegas, alias "Sebastián" o "Máximo", cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia, a quien el presidente Gustavo Petro señaló como responsable del crimen.
La Fiscalía expuso el material probatorio en su contra por los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple, concierto para delinquir y hurto calificado. Sin embargo, la presunta intromisión de Giraldo en la investigación ha generado dudas sobre la solidez del caso.
Además, la constancia de la supuesta intervención de Giraldo se suma a denuncias previas de generales de la Policía y el Ejército sobre posibles interferencias del asesor de la senadora Zuleta en operativos contra las disidencias de las FARC en Antioquia.
Ni Giraldo ni la senadora Zuleta han respondido a los requerimientos de SEMANA para aclarar su participación en estos hechos. Por el contrario, la congresista ha denunciado una "persecución y violencia política" en su contra.
El escándalo pone en duda la transparencia de la investigación y genera preocupación sobre la posible obstrucción de la justicia en uno de los casos más emblemáticos de violencia contra líderes sociales en la región.
