La administración del presidente Donald Trump ha sostenido que los cárteles latinoamericanos deben ser tratados como organizaciones terroristas y que existe un "conflicto armado directo" contra ellos. Bajo este argumento, el Gobierno estadounidense ha defendido el uso de fuerza militar letal por parte de sus tropas en aguas internacionales.
Como parte de esta política, en agosto se ordenó el despliegue de buques militares en el Caribe, con especial atención en Venezuela. Posteriormente, la ofensiva se amplió hacia el Pacífico, incluyendo zonas cercanas a Colombia y corredores marítimos utilizados para el tráfico de drogas.
Estados Unidos afirmó haber destruido más de treinta embarcaciones y provocado al menos un centenar de muertes, además de reportar una persona desaparecida, durante operaciones realizadas en aguas del Caribe y del océano Pacífico. Estas acciones forman parte de una estrategia ofensiva contra el narcotráfico en rutas marítimas internacionales.
Los gobiernos de Venezuela y Colombia han rechazado estas acciones, calificándolas como homicidios y ejecuciones extrajudiciales cometidas fuera del marco del derecho internacional. La ONU, por su parte, ha advertido que se trataría de violaciones del derecho internacional y ha pedido a Estados Unidos que ponga fin a estas acciones.
La escalada coincide con un mayor control en el Congreso de Estados Unidos sobre la legalidad de estas operaciones, especialmente tras el ataque del pasado 2 de septiembre, cuando un bombardeo remató a dos sobrevivientes, un hecho que expertos han señalado como un posible crimen.
Estados Unidos ha informado de múltiples ataques en el Caribe y el Pacífico, en los que han muerto al menos 100 personas, según sus propios reportes. Algunos de estos ataques han sido dirigidos contra embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas y estaban vinculadas a grupos como el Tren de Aragua y la guerrilla colombiana ELN.
Sin embargo, los gobiernos de Venezuela y Colombia han denunciado estas acciones como violaciones del derecho internacional, calificándolas de homicidios y ejecuciones extrajudiciales. La ONU también ha advertido que estas operaciones podrían constituir violaciones del derecho internacional y ha pedido a Estados Unidos que las detenga.
La escalada de estos ataques se produce en un momento en el que el Congreso estadounidense está ejerciendo un mayor control sobre la legalidad de estas acciones, especialmente después del ataque del 2 de septiembre en el que murieron dos sobrevivientes, un hecho que expertos han señalado como un posible crimen.
