El sistema judicial de El Salvador sigue postergando el cierre del proceso penal contra los ambientalistas antimineros de la comunidad de Cabañas. El Juzgado de Sentencia de San Vicente ha suspendido en tres ocasiones la entrega por escrito del fallo absolutorio, que fue presentado oralmente el pasado 24 de septiembre.
La justificación dada por el tribunal en la primera y tercera suspensión fue que la sentencia "está en revisión", mientras que en la segunda el motivo fue que la entrega coincidía con una convención del órgano judicial. Este efecto de dilatar la entrega escrita del fallo absolutorio posterga el fin del proceso judicial y el cierre de este sonado caso de criminalización del activismo ambiental y persecución de la resistencia comunitaria contra la reactivación minera.
Tal como han denunciado la Comunidad Santa Marta y organizaciones sociales, el "malévolo propósito" de esta estrategia dilatoria es "alargar el sufrimiento de los procesados, sus familias, su comunidad y sus organizaciones". Las tácticas dilatorias han sido una característica de este proceso judicial, incluyendo la repetición del juicio a finales de julio pasado por órdenes de la Cámara Penal de Cojutepeque, que anuló el primer fallo absolutorio.
Estas prácticas dilatorias por parte de los jueces no son exclusivas de este caso, sino que se aplican también en otros procesos de persecución política, donde la Fiscalía solicita prórrogas innecesarias de la fase de instrucción solo para alargar los plazos y los procesos judiciales. Esto ha ocurrido en casos como los de Ruth López, Eugenio Chicas y los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz.
Lamentablemente, las estrategias dilatorias también son una práctica generalizada contra los presos inocentes detenidos en el marco del régimen de excepción, a quienes ni siquiera se les ha realizado audiencia inicial. Decenas de miles de personas llevan casi cuatro años encarceladas, sin ser llevadas ante un juez y sin ver a sus abogados y familiares, lo cual es extremadamente ilegal, cruel e inhumano.
El pasado 25 de noviembre, el oficialismo aprobó la prórroga número 45 del régimen de excepción, lo que significa que esta situación continuará hasta que la población despierte, exija y se movilice para restablecer el debido proceso penal y el estado de derecho en El Salvador.
