El Congreso de la República, a través de la Comisión Permanente, aprobó la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta fines del 2026, en medio de cuestionamientos por los reiterados aplazamientos y las movilizaciones impulsadas por gremios vinculados a la pequeña minería.
La decisión refleja la insistencia del Parlamento en prolongar este mecanismo, que ha sido criticado por su potencial efecto de mantener "licencias sin caducidad" para la minería informal y artesanal, en tanto se espera la entrada en vigor de la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).
En total, trece congresistas votaron a favor de la ampliación, entre ellos representantes de bancadas de derecha, centro e izquierda, lo que evidencia alianzas transversales dentro del Congreso. Por otro lado, cinco parlamentarios se pronunciaron en contra, argumentando que nuevas prórrogas sin cambios estructurales prolongan la informalidad minera, mientras que dos se abstuvieron.
Los parlamentarios que respaldaron la extensión del Reinfo hasta 2026 son:
[Se listan los nombres de los 13 congresistas que votaron a favor]
Por su parte, los cinco congresistas que se opusieron a la ampliación son:
[Se listan los nombres de los 5 congresistas que votaron en contra]
Mientras tanto, Waldemar Cerrón y Flavio Cruz optaron por la abstención.
La medida mantiene vigente el proceso de formalización minera, el cual ha sido cuestionado por su potencial efecto de prolongar la informalidad en el sector. Los defensores de la ampliación argumentan que es necesario dar más tiempo para que se concrete la entrada en vigor de la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), que se espera brinde un marco regulatorio más adecuado.
Sin embargo, los críticos señalan que los reiterados aplazamientos del Reinfo sin cambios estructurales no hacen más que perpetuar la situación de informalidad que afecta a miles de mineros artesanales y de pequeña escala en el país.
El debate en torno a la formalización minera y la búsqueda de un equilibrio entre la necesidad de regular el sector y atender las demandas de los pequeños y artesanales mineros continúa generando tensiones en el Congreso y en el ámbito de la política nacional.
