Emiliano Estrada, exdiputado nacional por Salta y economista, quedó formalmente imputado en una investigación judicial que lo señala por el presunto uso de recursos públicos para financiar una operación de desinformación en redes sociales, mediante la difusión de contenidos falsos que vinculaban al gobierno provincial con el narcotráfico.
La imputación se produjo luego de un extenso recorrido judicial que mantuvo la causa virtualmente paralizada durante meses, con una sucesión de presentaciones judiciales y ausencias a citaciones formales por parte de Estrada, quien había logrado esquivar la formalización de la acusación.
Integrante de La Cámpora y del espacio Unión por la Patria, Estrada también tuvo un paso por el Poder Ejecutivo salteño, donde se desempeñó como ministro de Economía durante la gestión de Juan Manuel Urtubey entre 2017 y 2019. En los últimos meses, fue uno de los economistas que visitaron a Cristina Fernández de Kirchner en su departamento, luego de que la expresidenta resultara condenada por la causa Vialidad.
Según la acusación fiscal, Estrada habría encomendado a integrantes de su equipo la producción de una serie de videos con "contenidos dudosos" difundidos a través de la plataforma TikTok, en los que se asociaba a autoridades provinciales con actividades vinculadas al narcotráfico. El fiscal recordó que quienes elaboraron ese material cumplían funciones en el Congreso de la Nación, por lo que el financiamiento de la maniobra habría provenido de fondos públicos.
Durante el desarrollo del expediente, el entonces diputado invocó en reiteradas oportunidades los fueros parlamentarios y sostuvo que se trataba de "una persecución política". Sin embargo, el fiscal general remarcó que la protección de la inmunidad legislativa sólo rige cuando las expresiones cuestionadas se producen en el ámbito del Congreso o a través de declaraciones públicas en medios de comunicación.
En este caso, señalaron fuentes judiciales, la situación sería distinta, ya que Estrada habría instruido a sus asesores a avanzar con "la creación de esos videos desde la clandestinidad" y el anonimato, lo que dejaba sin efecto el amparo constitucional.
Finalmente, la jueza Mariela Giménez, titular del Juzgado Federal N 2 de Salta, rechazó los planteos de Estrada y resolvió conservar la competencia. Tras un pedido de desafuero, la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al requerimiento, lo que permitió la formalización de la imputación en su contra.
