Costa Rica, reconocida a nivel mundial por sus políticas ambientales, enfrenta un desafío crucial en los próximos años: mantener vigente la prohibición de la exploración y explotación de petróleo y gas en su territorio. Esta moratoria, establecida por decreto presidencial desde 2002, ha sido uno de los pilares de la estrategia climática del país, permitiendo que las energías renovables generen cerca del 90% de la electricidad nacional.
Sin embargo, la fragilidad jurídica de esta medida, que puede ser revocada por un simple decreto presidencial, ha generado preocupación entre los defensores del medio ambiente. Consciente de ello, el gobierno anterior se había comprometido en 2020 a elevar la moratoria a rango de ley, como parte de los esfuerzos de Costa Rica por cumplir con el Acuerdo de París sobre cambio climático.
Pero en una sorpresiva maniobra, el actual gobierno de Rodrigo Chaves Robles eliminó discretamente este compromiso de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) del país, reabriendo la posibilidad de reactivar la exploración y explotación de combustibles fósiles.
Esta decisión contrasta con el liderazgo que Costa Rica ha demostrado a nivel internacional en la lucha contra el cambio climático. El país cofundó la Alianza Más Allá del Petróleo y el Gas (BOGA) en 2021 y se ha sumado a más de 80 naciones que abogan por una eliminación progresiva de los combustibles fósiles.
Diversos países de la región, como Belice y Colombia, han seguido los pasos de Costa Rica al establecer restricciones legales a la producción de petróleo y gas. Pero para mantener su credibilidad, el gobierno costarricense debe alinear sus políticas internas con su diplomacia ambiental internacional.
La moratoria petrolera en Costa Rica tiene un largo y complejo trasfondo. Tras décadas de campañas impulsadas por organizaciones ambientales y de derechos humanos, la medida fue adoptada por primera vez en 2002, luego de que empresas extranjeras perforaran más de dos docenas de pozos exploratorios sin encontrar depósitos comerciales significativos.
En los años siguientes, varios intentos de autorizar la extracción de petróleo y gas fueron rechazados por la oposición pública. Ahora, con el actual gobierno mostrando interés en reactivar la exploración, la sociedad civil costarricense ha reaccionado con firmeza, condenando la iniciativa y exigiendo que la moratoria se convierta en ley.
Tres proyectos de ley han sido presentados en el Congreso para blindar la prohibición de manera permanente. El Proyecto de Ley N. 23.579, que se encuentra más avanzado, prohibiría otorgar permisos o concesiones para la exploración o extracción de petróleo y gas en todo el territorio nacional.
La aprobación de este proyecto sería un paso crucial para asegurar que los derechos de las generaciones presentes y futuras, así como el legado de Costa Rica como referente ambiental, no se vean comprometidos por decisiones políticas arbitrarias. El país tiene la oportunidad de consolidar su liderazgo en la lucha contra el cambio climático, convirtiendo su moratoria petrolera en una realidad permanente.
