La Armada del Ecuador recibió un nuevo buque guardacostas, el LG-40 Isla Santa Rosa, donado por la Guardia Costera de Estados Unidos. Esta embarcación de 110 pies (34 metros) viene a reforzar la capacidad operativa del Estado para el patrullaje, control y vigilancia marítima en un escenario de crecientes desafíos, como la pesca ilegal, el narcotráfico y otras actividades criminales en el litoral y aguas adyacentes.
El nuevo guardacostas, anteriormente conocido como USCGC Anacapa, fue reacondicionado y transferido formalmente a Ecuador el 20 de noviembre de 2025 desde el estado de Maryland. La unidad zarpó de Baltimore el 5 de diciembre con destino a Guayaquil, donde se integrará al Comando de Guardacostas de la Armada.
Según información del Ministerio de Defensa y fuentes diplomáticas, la llegada de este buque permitirá incrementar la disponibilidad de patrulleros destinados a tareas de vigilancia marítima, interceptación e interdicción, así como a operaciones de búsqueda y rescate y protección de las líneas de comunicación marítima. La embarcación cuenta con un cañón Mk-38 y ametralladoras calibre 12,7 milímetros, un equipamiento adecuado para el control de naves rápidas y operaciones de abordaje en altamar.
Para el analista naval Jorge Paredes, este tipo de plataforma cubre un segmento estratégico en la arquitectura de seguridad marítima, ocupando el "espacio gris" entre las lanchas rápidas y los buques de patrulla oceánica, siendo idónea para patrullaje sostenido, abordajes y control del tráfico ilícito en rutas costeras y de mediana distancia.
La llegada del nuevo guardacostas se produce en un escenario marcado por el deterioro de la seguridad en varias zonas del litoral ecuatoriano, con la pesca ilegal, la extorsión y los ataques a embarcaciones artesanales dejando un saldo significativo de víctimas en provincias como Santa Elena, Manabí, El Oro y Esmeraldas.
Desde el sector pesquero, Carlos Moreno, analista especializado, advierte que la protección de los pescadores no puede limitarse únicamente al patrullaje naval, sino que se requieren programas de inteligencia pesquera, un saneamiento del registro de embarcaciones y acciones directas contra las redes logísticas que emplean barcos civiles para el transporte de droga.
Frente a este escenario, el buque Isla Santa Rosa puede aportar, especialmente, en operaciones de presencia disuasiva y control focalizado, mejorando la capacidad de detección e interdicción en corredores estratégicos y facilitando operaciones conjuntas cuando existe intercambio de inteligencia y apoyo aéreo o satelital.
Sin embargo, los expertos coinciden en que la incorporación del buque, por sí sola, no garantiza la desarticulación de las redes criminales. Mantener su operatividad exige mantenimiento constante, repuestos, formación continua de las tripulaciones y una cadena logística robusta que sostenga patrullajes prolongados. Además, se requiere complementar el sistema con drones de alto alcance y un mapeo preciso de las zonas donde se concentran los movimientos de grupos delictivos.
En definitiva, el buque Isla Santa Rosa amplía las herramientas del Estado ecuatoriano para proteger sus aguas, pero su éxito dependerá de una estrategia integral y de largo plazo en seguridad marítima, que equilibre las nuevas capacidades con la sostenibilidad operativa.
