El gobierno del Ecuador enfrenta fuertes cuestionamientos por no cumplir con su promesa de mejorar la seguridad ciudadana tras el incremento de 3 puntos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), un sacrificio que se le pidió a la población a cambio de reforzar la lucha contra la delincuencia.
A pesar del alza impositiva, la violencia no ha cedido en el país y el miedo se extiende entre la población, sin que se perciban avances significativos en materia de seguridad. Ante esta realidad, el silencio de las autoridades resulta inaceptable para los ecuatorianos, quienes exigen transparencia sobre el destino de los recursos recaudados.
El ministro del Interior tiene la obligación política y moral de explicar detalladamente qué se ha hecho con los fondos obtenidos por el incremento del IVA, los cuales debieron traducirse en una mejora sustancial de la infraestructura policial, sistemas modernos de comunicación, vehículos y motocicletas para una respuesta efectiva, así como en condiciones reales para enfrentar al crimen organizado.
Sin embargo, nada de eso parece haberse concretado con la urgencia que la grave crisis de seguridad demanda en Ecuador. El Gobierno, encabezado por el presidente de la República y los ministros del Interior y Defensa, debe rendir cuentas a la ciudadanía, pues cuando el Estado cobra más y cumple menos, la confianza se rompe.
La seguridad no puede seguir siendo una promesa vacía, sino una responsabilidad que debe explicarse, ejecutarse y demostrarse con hechos concretos. El país merece respuestas claras y urgentes sobre el destino de los recursos públicos recaudados y los resultados obtenidos en materia de seguridad ciudadana.
