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Empresarios guatemaltecos rechazan alza salarial por "castigar el empleo formal

Empresarios guatemaltecos rechazan alza salarial por "castigar el empleo formal

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) ha rechazado el anunciado incremento al salario mínimo para 2026, calificándolo como una "decisión política disfrazada de protección social" que está "desconectada de la productividad y de la realidad económica del país".

Según la CIG, el aumento salarial impulsado por el presidente Bernardo Arévalo "está desconectado de la productividad nacional y de las condiciones reales del mercado laboral". Para muchas pequeñas y medianas empresas (PYMES), este ajuste implicará pagar salarios más altos, así como asumir incrementos adicionales en prestaciones y cargas sociales.

Si bien el gobierno sostiene que el incremento aplicado en 2025 no causó distorsiones negativas, citando un crecimiento del 4.7% en la afiliación al IGSS y una inflación controlada del 1.26%, los empresarios cuestionan estas cifras. "El gobierno insiste en aplicar incrementos sin consenso, basados en parámetros internacionales que no reflejan la realidad guatemalteca", criticó la CIG.

La posición de la Cámara de Industria refleja la preocupación de los empresarios por el impacto que el alza salarial podría tener en la generación de empleo formal. Argumentan que la medida "castiga el empleo formal" y no se ajusta a la realidad productiva y económica del país.

Este rechazo por parte de la CIG se produce en un momento en el que Guatemala enfrenta desafíos económicos, con una desaceleración del crecimiento y presiones inflacionarias. Los empresarios consideran que el incremento salarial anunciado por el gobierno no toma en cuenta estas circunstancias y podría afectar la competitividad de las empresas, especialmente de las PYMES.

La disputa entre el gobierno y los empresarios en torno al salario mínimo refleja la tensión entre la búsqueda de protección social y las preocupaciones de los sectores productivos por mantener la sostenibilidad de sus negocios. Mientras el gobierno defiende el alza como una medida para mejorar el bienestar de los trabajadores, los empresarios argumentan que no se ajusta a la realidad económica del país.

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