El Gobierno anunció este jueves un incremento del salario mínimo que entrará en vigencia el 1 de enero de 2026. La medida establece un aumento del 7.5% para el salario mínimo no agrícola, 5.5% para el sector agrícola y 4% para la actividad exportadora y de maquila.
La decisión del Ejecutivo generó reacciones encontradas entre los diferentes sectores. Mientras que el empresariado criticó los porcentajes por considerarlos altos y que podrían desincentivar la formalidad, el sector laboral los calificó como insuficientes en comparación a lo que esperaban.
Charles Bland, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), señaló que si bien consideran positivo que se haya diferenciado el incremento entre el sector agrícola y no agrícola, el aumento debe discutirse con mayor profundidad y de forma más técnica. Agregó que, al sumar los incrementos de los dos últimos años, el porcentaje acumulado es muy alto y podría desincentivar la formalidad.
Por su parte, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) calificó el aumento como "una decisión política disfrazada de protección social" y afirmó que está desconectado de la productividad y de la realidad del país, castigando el empleo formal y profundizando la informalidad.
En contraposición, Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Asociación de la Industria del Vestuario y Textiles de Guatemala (Vestex), consideró que el 4% de incremento para el sector exportador y de maquila es una "decisión valiente del presidente" que demuestra su apoyo a las exportaciones y que se basa en indicadores de productividad e inflación.
Franky Pozuelos, representante del sector laboral en la Comisión Nacional del Salario (CNS), expresó que el sector esperaba un porcentaje semejante al del año pasado, del 10%, e igual para todas las actividades productivas. No obstante, valoró que se haya equiparado el incremento entre las dos circunscripciones económicas.
El diputado Orlando Blanco, por su parte, consideró que fue una mala decisión, ya que el aumento debería haber sido del 18% para cerrar la brecha y compensar el alza en el costo de la canasta básica.
En resumen, el anuncio del Gobierno sobre el incremento del salario mínimo para 2026 generó una fuerte polémica entre los diferentes sectores, quienes cuestionaron los porcentajes establecidos por considerarlos insuficientes o excesivos, dependiendo de sus intereses.
