La Sexta Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) aprobó dos importantes cuerpos legales que refuerzan el marco jurídico de Cuba: la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Ley de Reducción Excepcional del Período de Mandato de los Delegados de las Asambleas Municipales.
La Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación fue presentada por el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), Armando Rodríguez Batista, quien destacó el exhaustivo proceso de construcción colectiva de la norma, en la que participaron múltiples voces del sector. Entre los cambios incorporados se incluye el reconocimiento de la inteligencia artificial y las bases éticas y profesionales para su empleo.
Rodríguez Batista recalcó que la ley no corresponde a un solo organismo, sino que integra al sistema cubano de ciencia, tecnología e innovación, abarcando de forma transversal a toda la sociedad desde la visión de la gestión de Gobierno basada en la ciencia y la innovación, en pos del desarrollo sostenible del país.
Por su parte, la Ley de Reducción Excepcional del Período de Mandato de los Delegados de las Asambleas Municipales, presentada por la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, Elba Martínez Amador, establece que dicho mandato se reduce de cinco a dos años y medio.
Esto se corresponde con lo estipulado en el artículo 187 de la Constitución, que establece el lapso de tiempo del mandato y las condiciones para su extensión, pero no su reducción. De esta manera, se abre la posibilidad de que en 2026 se celebren las elecciones municipales, dando paso al resto del proceso electoral hasta la conformación de una nueva Legislatura de la ANPP.
Ambas leyes fueron publicadas previamente como proyectos para que la población pudiera conocerlas y opinar sobre ellas, en línea con el carácter participativo y transparente del proceso legislativo cubano.
La aprobación de estas dos normas jurídicas fortalece el marco legal del país y da continuidad a la reforma jurídica impulsada tras la adopción de la Constitución de la República en 2019, consolidando el compromiso de las autoridades cubanas con la modernización y el desarrollo sostenible de la nación.
