El proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares obtuvo el dictamen este jueves en el Senado, luego de ser revisado por las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La iniciativa, que será tratada en el recinto el próximo 10 de febrero, busca facultar a las provincias para decidir sobre la protección de los glaciares en sus territorios, lo que abriría la puerta a la explotación minera en estas zonas.
La reforma a la Ley de Glaciares es impulsada por el Poder Ejecutivo, que convocó a sesiones extraordinarias para tratar este tema, entre otros. Según el comunicado de la Oficina del Presidente, la modificación busca eliminar la "paralización del legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales".
Actualmente, la ley vigente obliga tanto al Estado nacional como a los provinciales a proteger a todos los tipos de glaciares. Sin embargo, la propuesta de cambio habilitaría el uso de estos, siempre y cuando no se ponga en riesgo una reserva estratégica de agua.
Durante la sesión de las comisiones en el Senado, participaron los gobernadores de San Juan, Manuel Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil, dos provincias con actividad minera. Orrego reconoció la voluntad de proteger el ambiente periglacial, pero aseguró que es necesario contar con una ley de protección mínima de glaciares. Por su parte, Jalil destacó que la minería genera empleo formal y que se deberá evaluar el impacto de la medida.
La comisión también escuchó las posturas del sector empresario minero, que apoya el objetivo de proteger los glaciares, pero considera que la ley vigente presenta imperfecciones que el proyecto busca corregir. En contraste, organizaciones ambientales, científicas y de abogados ambientalistas se opusieron firmemente a la reforma, advirtiendo que alteraría el espíritu de la norma y pondría en peligro a todos los glaciares.
El tratamiento legislativo de este proyecto ha sido calificado como "un proceso exprés nunca visto" por parte de los sectores ambientalistas, quienes denuncian que la medida respondería a los intereses del sector minero.
