La última cumbre del año de jefes de Estado y gobierno europeos en Bruselas tiene dos objetivos fundamentales: ratificar la decisión de utilizar los activos soberanos rusos congelados para financiar un préstamo a Ucrania y validar el acuerdo comercial con el Mercosur. Estas decisiones serán cruciales para determinar la capacidad de la Unión Europea (UE) de influir como actor geopolítico en el futuro próximo.
Los líderes europeos se enfrentan al desafío de utilizar los 210.000 millones de euros del Banco Central de Rusia que están congelados en Europa debido a las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania. La Comisión Europea ha propuesto un mecanismo para recaudar fondos prestando estos activos a una tasa ventajosa y luego ponerlos a disposición de Ucrania, que los reembolsaría si Rusia accede a pagar reparaciones de guerra.
La propuesta cuenta con un amplio consenso dentro del bloque, con la notable excepción de Bélgica, donde se encuentra la mayoría de los activos rusos. El primer ministro belga, Bart De Wever, ha expresado preocupaciones legítimas sobre las amenazas de Rusia contra el personal de Euroclear, la institución financiera de depósito con sede en Bruselas donde se agrupan estos activos.
Aunque jurídicamente nada se opone a tomar la decisión por mayoría cualificada, los líderes europeos siguen haciendo esfuerzos para evitar un voto negativo de Bélgica. Las necesidades de Ucrania son enormes, y las arcas de los Estados europeos están vacías. Según el FMI, Kiev necesitará 135.000 millones de euros en 2026 y 2027 para evitar la bancarrota y continuar su esfuerzo bélico.
Para los partidarios del uso de los activos rusos, se trata de un arma favorable a la paz, una demostración de la determinación europea de apoyar a Ucrania a largo plazo. Evitar que Rusia apueste por el agotamiento de los europeos y enviar una señal a Washington de que la UE asume sus responsabilidades son otros argumentos a favor de esta medida.
