En un golpe contundente a la corrupción en las altas esferas del poder, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González, y del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves.
La decisión se basa en la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que vinculan a los exfuncionarios con una red de direccionamiento irregular de contratos públicos. Según la investigación, Bonilla y Velasco habrían asistido a reuniones clandestinas y dado órdenes directas para que proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) fueran entregados a congresistas específicos.
El objetivo de esta trama de corrupción era garantizar el respaldo necesario en el Congreso a las reformas e iniciativas del Gobierno Nacional. La Fiscalía identificó tres momentos clave en los que se habría materializado este esquema ilegal.
Pese a la gravedad de los señalamientos y el material probatorio que incluye seguimientos y testimonios, tanto Ricardo Bonilla como Luis Fernando Velasco no aceptaron los cargos imputados por el ente acusador. Los delitos por los que deberán responder desde la cárcel son peculado por apropiación, concierto para delinquir y tráfico de influencias.
Esta decisión judicial marca un hito en la lucha contra la corrupción administrativa en las altas esferas del poder. La macroinvestigación sugiere que los recursos destinados a la gestión del riesgo y la infraestructura vial fueron utilizados como moneda de cambio política, afectando la transparencia de las instituciones.
La magistrada determinó que la medida en centro carcelario es necesaria dada la gravedad de los delitos y el riesgo que representa para el proceso que los implicados permanezcan en libertad. Mientras tanto, el país observa con atención el desarrollo de este proceso que promete revelar más nombres involucrados en la red de la Ungrd e Invías.
