Los exministros colombianos Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) fueron enviados a detención preventiva por su participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Bonilla y Velasco se convierten en los dos exfuncionarios de más alto rango del presidente Gustavo Petro que van a la cárcel por este escándalo. Según la investigación, se les acusa de liderar una "organización criminal" que destinó más de 612.000 millones de pesos (163 millones de dólares) para pagar a congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno.
La orden judicial contra los exministros es una medida de aseguramiento mientras se define su proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
La magistrada Aura Alexandra Rosero señaló que el hecho de que los exministros ya no ocupen cargos públicos no elimina los "riesgos del proceso". Explicó que las conductas investigadas se apoyaban en redes políticas y administrativas consolidadas, que operaban a través de terceros.
Bonilla fue el segundo ministro de Hacienda de Petro, entre mayo de 2023 y diciembre de 2024, cuando renunció tras quedar vinculado a las irregularidades de la UNGRD. Velasco, por su parte, tiene una larga carrera política y dirigió brevemente la UNGRD en abril de 2023 antes de ocupar la cartera de Interior.
Según la investigación, al exministro Bonilla se le relaciona con la presunta adjudicación de contratos por al menos 92.000 millones de pesos (23 millones de dólares) en beneficio de seis congresistas, a cambio de que apoyaran en el Legislativo la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.
El escándalo de la UNGRD, encargado de prevenir y atender emergencias en el país, estalló en febrero del año pasado por denuncias de la prensa y se considera el mayor caso de corrupción del Gobierno de Petro. Desde entonces, la investigación ha escalado hasta involucrar a altos funcionarios y a los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, también detenidos.
Este caso pone en jaque al Gobierno de Petro y evidencia la gravedad de la corrupción que afecta a las instituciones colombianas. La detención de dos exministros de alto rango es un duro golpe para la credibilidad del Ejecutivo, que deberá enfrentar las consecuencias de este escándalo.
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