El Juzgado de Garantía de Arica dictó prisión preventiva y arresto domiciliario total para cinco exfuncionarios del Ejército, entre ellos cuatro exoficiales y un exsuboficial, por su responsabilidad en la muerte del soldado conscripto Franco Vargas y las lesiones graves sufridas por otros dos reclutas durante una marcha de instrucción militar en Putre, Región de Arica y Parinacota.
Los cargos presentados por el Ministerio Público incluyen apremios ilegítimos con resultado de cuasidelito de homicidio, lesiones gravísimas y lesiones graves. El tribunal consideró que los acusados, al ser garantes de la vida de los soldados, pusieron en peligro la seguridad de la sociedad con su actuar.
El teniente coronel Claudio Guajardo Pinochet, el teniente Bjorn Wohllk Araya, el subteniente Bastián Troncoso Jaque y el enfermero Manuel Zambrano González fueron enviados a prisión preventiva, mientras que el capitán Michael Fritz Gervasoni quedó con arresto domiciliario total, debido a su colaboración en la investigación.
La muerte del joven conscripto de 19 años y las graves lesiones sufridas por otros dos reclutas han generado una profunda conmoción y cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad y el trato a los soldados durante el servicio militar obligatorio.
Las familias de las víctimas exigen justicia y cambios en las Fuerzas Armadas para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. Expertos en derechos humanos han señalado que este tipo de incidentes ponen en evidencia la necesidad de una mayor supervisión y rendición de cuentas en las instituciones castrenses.
El Ejército, por su parte, ha expresado su compromiso de cooperar plenamente con la investigación y asegurado que tomarán las medidas disciplinarias correspondientes una vez concluido el proceso judicial. Sin embargo, la confianza de la ciudadanía en la institución se ha visto seriamente erosionada por este trágico suceso.
