El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump planea aumentar significativamente los casos de desnaturalización, es decir, la revocación de la ciudadanía estadounidense a personas que la obtuvieron tras haber sido inmigrantes.
Según una guía interna obtenida por The New York Times, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) han recibido la directiva de remitir entre 100 y 200 casos de desnaturalización por mes durante el año fiscal 2026. Esta cifra representa un aumento radical en comparación al promedio histórico de alrededor de 11 casos anuales entre 1990 y 2017.
El objetivo oficial de esta medida sería "combatir el fraude migratorio" al identificar a personas que habrían obtenido la ciudadanía de manera ilícita o mediante la ocultación de información relevante en su proceso de naturalización. Sin embargo, aún no se han detallado con precisión los criterios que se utilizarán para seleccionar los casos.
La desnaturalización es un proceso legal que existe en la legislación estadounidense desde hace décadas, pero su uso ha sido históricamente muy excepcional y reservado a situaciones graves, como fraude sustancial, vínculos con terrorismo o crímenes de guerra.
Organizaciones de derechos civiles y abogados especializados en inmigración han advertido que este aumento podría generar un clima de miedo entre los más de 26 millones de ciudadanos naturalizados, ya que la prospectiva expansión de estos casos eleva la percepción de vulnerabilidad de sus derechos fundamentales.
La medida se enmarca dentro de un paquete más amplio de políticas migratorias del gobierno de Trump, que incluye restricciones a la entrada de inmigrantes y emigrantes de ciertos países, así como esfuerzos previos por redefinir la ciudadanía por nacimiento, iniciativas que han enfrentado desafíos judiciales por posibles violaciones de la Constitución estadounidense.
Expertos en derecho de inmigración han expresado su preocupación por el potencial impacto de esta política en la estabilidad y cohesión social del país, al generar un clima de incertidumbre y desconfianza entre los ciudadanos naturalizados. Algunos temen que esta medida pueda ser utilizada con fines políticos o ideológicos, más allá de la supuesta lucha contra el fraude migratorio.
