El Parlamento uruguayo dio un paso importante en la lucha contra el lavado de activos al aprobar en general el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la discusión sobre los artículos más polémicos quedó postergada para el 23 de febrero.
La iniciativa, que busca actualizar la normativa vigente desde 2017, contó con un amplio consenso entre los partidos políticos. No obstante, algunos puntos generaron controversia, como la eliminación de la fiscalía especializada en este delito y las potestades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
Tras intensas negociaciones y reclamos, los legisladores decidieron aprobar el proyecto en general, pero dejaron la discusión de los artículos más conflictivos para dentro de dos meses. Uno de los argumentos esgrimidos fue que el Senado iba a tratar el proyecto recién en 2026, por lo que no había apuro en aprobarlo ahora.
El presidente Yamandú Orsi había solicitado "acelerar" el tratamiento del proyecto luego del atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, en setiembre. Sin embargo, la Cámara de Diputados optó por esta vía intermedia, dando una señal de avance, pero dejando margen para mejorar algunos aspectos del texto.
Entre los puntos más controversiales está la eliminación de la fiscalía especializada en lavado de activos, que el Partido Nacional y una parte de los colorados se oponen. También genera debate las amplias potestades que el proyecto otorga a la Senaclaft, como la posibilidad de inspeccionar bienes y requerir documentación sin necesidad de orden judicial, algo que no convence a la oposición.
Pese a estas diferencias, el proyecto cuenta con un amplio respaldo en el Parlamento, lo que augura su aprobación final en febrero. La decisión de postergar la discusión de los artículos más polémicos busca dar una señal de voluntad política, sin cerrar la puerta a posibles modificaciones.
