El penalista Felipe Rodríguez denunció públicamente un nuevo caso de presunta corrupción judicial que involucra al juez Carlos Serrano Lucero, de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.
Todo comenzó el 12 de septiembre de 2025, cuando el Consejo de la Judicatura levantó la suspensión de tres jueces anticorrupción investigados por la Fiscalía en el caso "Fachada", por su presunta participación en un esquema para favorecer judicialmente a miembros de la organización criminal "Comandos de la Frontera". Uno de esos jueces reintegrados fue Gabriela Lara, quien recibió el caso "Euro2024", una megainvestigación por lavado de activos liderada por la Fiscalía de Ecuador.
En noviembre, cuando ya estaban convocadas las audiencias de juicio, ocurrió la primera amenaza: desconocidos colocaron un carro bomba en la parte posterior del Complejo Judicial Norte, en Quito, a pocos metros de los despachos de Anticorrupción. Según Rodríguez, un alto funcionario del Consejo de la Judicatura también habría intentado presionar a Serrano para que favoreciera a uno de los acusados.
El 20 de noviembre, cuando el tribunal dictaba sentencia, la jueza Lara salvó su voto y declaró inocente a la organización criminal, argumentando que los bienes tenían origen lícito. Para Serrano y Fierro, la red lavó 11 millones de dólares provenientes del narcotráfico a través de empresas de fachada. Mientras escuchaba su condena, el líder de la organización, Srdan, hizo un gesto que en la mafia equivale a una sentencia de muerte.
Pese a estos hechos, el 2 de diciembre, la jefa de Apoyo Operativo de la Unidad Nacional de Protección de la Policía, Verónica Villalba Barriga, le retiró la protección al juez Serrano. Dos días después, Serrano presentó su renuncia, pero el Consejo de la Judicatura aún no la acepta.
Mientras tanto, el caso "Triple A", donde está procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue adelantado para el 24 de diciembre, pese a que el tribunal de Serrano no tenía agenda disponible hasta abril. El Gobierno de Daniel Noboa ha expresado públicamente su interés en que la sentencia sea condenatoria.
El Consejo de la Judicatura, por su parte, ha guardado silencio ante estas denuncias. Su presidente, Mario Godoy, se encuentra en Catar, exponiendo los "logros" de la Función Judicial y hablando de la "integridad como política de Estado" y del "fortalecimiento del sistema disciplinario", mientras en su administración restituyó a jueces investigados.
Estas investigaciones no avanzan, ya que se encuentran en el despacho del fiscal general encargado Carlos Alarcón, el mismo que manejó otros casos de interés para el Gobierno Nacional.
