En medio de la escalada de violencia ejercida por guerrillas que se disputan el control de territorios en Colombia, el número de militares y policías víctimas de minas antipersona ha aumentado de manera preocupante. Según datos oficiales, 2025 cerrará como el año con más miembros de las fuerzas del orden lesionados y muertos por estos explosivos desde la llegada al poder del presidente Gustavo Petro.
En un hospital para uniformados en Bogotá, el médico Miguel Ángel Gutiérrez, jefe del servicio de rehabilitación, observa con preocupación el incremento de pacientes que han sufrido amputaciones y otras graves heridas a causa de las minas. "Claramente estamos viendo ese incremento en los pacientes, lo que denota una carga muy alta del impacto que están recibiendo", afirma.
El acuerdo de paz firmado en 2016 con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) había aliviado por un tiempo la violencia, pero ahora grupos guerrilleros como el ELN y disidentes de las FARC que no firmaron el pacto han recrudecido sus ataques, sembrando minas en territorios que antes dominaban las FARC.
Según el coronel del ejército Diego Alexander Cabrebra, desde 2015, antes del acuerdo de paz, se han declarado libres de minas unas 2,1 millones de hectáreas. Sin embargo, el centro de estudios Insight Crime asegura que los campos minados siguen siendo un arma utilizada por los rebeldes, motivados por las disputas de múltiples grupos en las regiones que antes controlaban las FARC.
El presidente Petro ha denunciado esta escalada de violencia y ha optado por buscar la paz mediante negociaciones, lo que, según expertos, habría fortalecido a los grupos criminales. Mientras tanto, en zonas apartadas, brigadas humanitarias continúan la ardua tarea de rastrear y desactivar las minas antipersona, una labor que evidencia la persistencia de este flagelo en el conflicto colombiano.
