Bolivia no ha logrado traducir la inversión pública en resultados concretos para la sociedad, según un análisis de expertos. El problema no radica en la cantidad de recursos invertidos, sino en la forma en que se decide realizar esas inversiones.
Sin criterios técnicos claros, evaluaciones previas adecuadas y mecanismos de seguimiento eficaces, la inversión pública en Bolivia se ha vuelto ineficiente e incluso perjudicial, a diferencia de lo que ocurre en países vecinos como Chile, Colombia y Perú, que han construido sistemas de inversión pública más rigurosos.
"La evaluación social de proyectos es una herramienta indispensable para promover que los recursos públicos generen beneficios sociales. Permite analizar alternativas, estimar costos y beneficios, y asignar recursos a donde tengan mayor impacto", explica un experto consultado.
En Chile, por ejemplo, ningún proyecto puede acceder a financiamiento público si no demuestra rentabilidad social positiva, con decisiones respaldadas por metodologías estandarizadas, precios correctos y análisis de sensibilidad, aplicados por unidades especializadas y relativamente autónomas de la política.
Bolivia, en cambio, carece de esos procesos rigurosos. Las decisiones económicas se toman sin estudios técnicos sólidos, validación independiente y sistemas de control posterior, lo que ha generado empresas estatales inviables, plantas industriales paralizadas y proyectos productivos mal diseñados o abandonados.
"El principal problema no es normativo, sino de capacidad institucional. Existe alta rotación de personal, débil formación especializada y pocos incentivos para priorizar la calidad sobre la velocidad en la ejecución del gasto", señala un analista.
Para revertir esta situación, los expertos coinciden en que Bolivia debe fortalecer al menos cuatro frentes: establecer la evaluación social ex ante como requisito obligatorio, homogeneizar metodologías y crear una unidad técnica especializada, profesionalizar al personal público, y establecer mecanismos de evaluación ex post.
"La institucionalidad no se construye solo con normas, sino con prácticas, capacidades y una gestión pública orientada a resultados. Bolivia necesita dar ese salto para que el rol del Estado en la inversión pública sea más inteligente, estratégico y eficiente", concluye un experto.
