El caso de los "Cuatro de las Malvinas", los menores Ismael y Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, asesinados por militares en Ecuador, no es un hecho "único y aislado", como han intentado hacer creer las autoridades. Por el contrario, es un patrón de comportamiento que se ha repetido en múltiples casos de desaparición forzada en el país, según han documentado organizaciones como Amnistía Internacional.
Los jóvenes, de entre 11 y 15 años, fueron capturados sin seguir los protocolos establecidos para menores, luego trasladados a un lugar remoto, torturados y abandonados, donde posteriormente fueron asesinados por grupos criminales. Lamentablemente, este modus operandi se ha replicado en al menos una treintena de casos similares en diferentes provincias del Ecuador.
Más allá de las responsabilidades individuales de los militares implicados, el Gobierno enfrenta serias acusaciones por encubrir estos crímenes y emprender una campaña de desprestigio contra las víctimas. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, no solo calló y desinformó sobre el caso, sino que incluso amenazó a la jueza que lo calificó como desaparición forzada.
Ahora, la justicia se prepara para dictar sentencia sobre este caso el próximo lunes. Sin embargo, el principal responsable político, el ministro Loffredo, parece estar a salvo de cualquier castigo, mientras el presidente Daniel Noboa no ha mostrado la voluntad de destituirlo.
Este caso pone en evidencia un patrón de abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que han sido encubiertos por las autoridades. La sociedad espera que la justicia actúe con firmeza y que el Gobierno asuma su responsabilidad en estos hechos aberrantes.
