La investigación abierta por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) contra el candidato presidencial Álvaro Ramos y su familia por un video de su hija en una actividad política ha reavivado un intenso debate sobre el accionar de esta institución.
Muchos, incluyendo la expresidenta Laura Chinchilla, diputados y otros candidatos presidenciales, han criticado al PANI por abrir una investigación en torno a este caso, argumentando que no existe delito alguno y que la niña simplemente estaba ejerciendo su derecho a expresar su ideología.
Según el PANI, la investigación busca determinar si se violentaron los derechos de la niñez de la hija de Ramos en el video que circuló en redes sociales. Sin embargo, el abogado Boris Acosta señaló que no existe un delito, ya que no se trata de una investigación judicial, sino administrativa.
"No significa se está cometiendo ningún tipo de atrocidad ni delito. Entonces, tampoco llevan responsabilidad a sus papás, en ese sentido, de lo que la menor manifieste, porque es su criterio y ella no fue ofensiva. Ella considera que esas son las líneas políticas de Rodrigo Chaves", comentó Acosta.
Diversos legisladores también se han pronunciado en contra de la decisión del PANI. La diputada Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional, calificó la situación como "profundamente preocupante", argumentando que la niña estaba en un entorno de resguardo y ejerciendo su derecho a expresarse.
Por su parte, la diputada independiente Johana Obando señaló que se trata de una "persecución política" para acallar a un candidato presidencial, mientras que la diputada del PUSC, Daniela Rojas, cuestionó la decisión del PANI, preguntando "¿Cuál es el problema, circular un video o lo que estaba haciendo la menor?".
Esta no es la primera vez que se ve a una menor de edad, hija de un candidato, participando en una campaña política. Según el abogado Acosta, si el PANI considera que se violentó algún derecho de la niñez, podrían tomar medidas cautelares, como separar a la niña de su familia y llevarla a un albergue, o reubicarla con algún familiar.
Sin embargo, en este caso, tanto expertos como legisladores han criticado fuertemente la decisión del PANI, argumentando que no existe delito alguno y que la niña simplemente estaba ejerciendo su derecho a expresar su ideología política.
