El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Este 1 concluyó en un informe de fiscalización que el congresista y candidato presidencial, Roberto Sánchez, "habría infringido el principio de neutralidad" en el actual periodo electoral. La investigación se inició tras una denuncia periodística que reveló cómo personal de confianza del legislador realizaba actividades proselitistas en horario laboral.
El informe califica los hechos ocurridos en los exteriores del penal Barbadillo como una actividad proselitista que no corresponde a una función oficial. Se determinó que la presencia de trabajadores del despacho de Sánchez en actos políticos buscaba favorecer su campaña presidencial.
Asimismo, el informe señala que el hecho se adecua al tipo penal de peculado por uso, al emplear bienes (personal pagado por el Estado) para beneficiar a un tercero, y recomienda elevar lo actuado al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República.
La fiscalización puso el foco en dos trabajadores clave del despacho de Sánchez que fueron captados en actividades ajenas a su labor parlamentaria: Gian Marco Castillo, sobrino de Pedro Castillo y coordinador del despacho, y Ernesto Zunini Yerrén, secretario General Nacional de Juntos por el Perú.
En su descargo, el parlamentario rechazó las conclusiones del informe y aseguró que no se ha cometido ninguna ilegalidad ni falta administrativa. Según su versión, los trabajadores captados contaban con licencia sin goce de haber por esos días, por lo que no habrían generado gasto al Estado.
Sánchez también defendió la contratación del familiar de Castillo, alegando que no tiene ningún impedimento legal para ejercer su derecho al trabajo. "Si es que al periodista no le gusta, piña pues, yo cumplo la ley", sentenció.
El informe del JEE pone en evidencia serias irregularidades en la campaña presidencial de Sánchez, lo que podría tener repercusiones legales y políticas. El caso será elevado al Ministerio Público y a la Contraloría para que determinen las responsabilidades correspondientes.
