El Senado chileno inició ayer la discusión en particular del proyecto de ley que busca promover la gobernabilidad y mejorar la representatividad del sistema político. La iniciativa, que ya había sido aprobada en general en agosto, marca un nuevo hito en un debate de largo aliento sobre la fragmentación partidaria, el rol de los independientes y la estabilidad del sistema democrático.
La propuesta, actualmente en primer trámite constitucional, fue analizada previamente por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y ahora es discutida en la Sala del Senado. En esta primera jornada de debate se evidenciaron posturas divergentes, con argumentos que van desde la necesidad de ordenar el sistema de partidos hasta las alertas por eventuales restricciones a la participación política.
Entre los principales objetivos de la reforma se encuentran fortalecer la representatividad de los partidos políticos mediante mayores exigencias para su constitución, reformas al financiamiento público y límites a la proliferación de colectividades con escaso respaldo electoral. Además, se incluyen nuevas reglas para la formación de partidos, mayores requisitos para las candidaturas independientes y el reconocimiento legal de los Comités Parlamentarios.
Durante la sesión, varios senadores plantearon que la actual atomización del sistema político dificulta la construcción de acuerdos y debilita la gobernabilidad. Desde la vereda crítica, se advirtió que la iniciativa podría concentrar el poder en los partidos tradicionales y restringir el acceso de nuevas fuerzas políticas al Congreso.
Uno de los puntos más debatidos fue el fortalecimiento del rol de los partidos como articuladores de la democracia representativa, así como las normas que buscan desincentivar el denominado "discolaje" parlamentario. El senador Gustavo Sanhueza (UDI) respaldó el proyecto argumentando que apunta a ordenar el escenario político y a respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
El debate también incluyó reparos de carácter constitucional, con el senador Karim Bianchi anunciando una reserva de constitucionalidad, al considerar que la norma podría vulnerar la autonomía de las cámaras, la soberanía popular y la libertad de asociación. Otros parlamentarios, en cambio, defendieron que elevar los estándares de representación es una condición necesaria para avanzar hacia una democracia más estable y predecible.
Desde el Ejecutivo, se ha reiterado la urgencia de la iniciativa, fijando discusión inmediata, lo que implica plazos acotados para su tramitación en ambas cámaras. Con ello, se espera que el proyecto sea sancionado por la Sala del Senado durante la primera semana de enero, en un contexto legislativo marcado por la proximidad del receso y la presión del gobierno saliente por destrabar reformas estructurales largamente postergadas.
Así, el inicio de este debate en Sala abre una nueva etapa para una reforma que concita amplio interés político y que podría redefinir las reglas de representación y competencia en el sistema democrático chileno.
