El Congreso de Perú aprobó, en segunda votación, una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2026 o hasta que entre en vigor la esperada Ley Mape. Esta decisión, tomada con 13 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones en la Comisión Permanente, mantiene abierta una "licencia sin caducidad" que ha servido como un "escudo de impunidad" para la minería ilegal en el país.
La prórroga de un año adicional otorgada por el Congreso es considerada insuficiente por los representantes de la pequeña minería y minería artesanal, quienes esperaban avances en la elaboración de la Ley Mape. El presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), Máximo Franco Bequer, se mostró poco satisfecho con la ratificación del dictamen, pero reconoció que representa un "alivio" de cara al año que viene.
Por su parte, el exviceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, responsabilizó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) de "desentenderse de su rol" como autoridad del sector para ofrecer alternativas ante el entrampamiento de la Ley Mape. Según De Echave, el Minem ha adoptado una "actitud irresponsable" al dar "carta libre" a la Comisión de Energía y Minas del Congreso.
La legisladora Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, cuestionó que se haya excluido del debate a los pueblos indígenas, uno de los principales afectados por el avance de la minería informal e ilegal. Luque calificó el texto aprobado como "bien irresponsable" al no incluir cláusulas ambientales.
Desde el Congreso, el congresista Roberto Sánchez reconoció que la ampliación del proceso de formalización pone en evidencia el "fracaso de las políticas públicas" para atender la expansión desenfrenada de la minería artesanal y a pequeña escala en Perú.
