El caso de fraude de más de 15 mil millones de pesos contra el estatal Seguro Nacional de Salud (Senasa) en República Dominicana ha generado una gran indignación en la población. Según la acusación del Ministerio Público, este entramado delictivo no solo representa un robo al erario público, sino que también atenta contra la salud de miles de pacientes, con implicaciones incluso mortales, al esquilmar recursos destinados a servicios médicos para los más necesitados.
Lo más preocupante es que este no es un caso de la era del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sino que está fundamentado en hechos ocurridos durante la actual gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Esto salpica la pulcra imagen que el presidente Luis Abinader ha intentado proyectar en relación a la lucha contra la corrupción, donde ha reiterado que "tengo amigos, pero no cómplices".
El nuevo escándalo podría tener un mayor impacto social que todos los anteriores debido a la naturaleza misma del perjuicio a los usuarios de Senasa. Por ello, es imperativo que el caso sea dilucidado en el ámbito judicial sin contaminación política, con la mayor presteza y transparencia, a fin de sentar un precedente de condena ejemplar.
La voluntad general, evidenciada en la crispación social provocada por la magnitud del caso, y la firme actitud del presidente Abinader de apoyar un castigo ejemplar a los responsables, sin importar su condición, obligan al Ministerio Público a probar y convencer a los jueces para que, por primera vez, se produzca una sentencia de pena máxima a la corrupción.
El común de la gente no entiende los vericuetos jurídicos y tácticas de la defensa, basadas en el debido proceso, para retrasar y desgastar el caso en la opinión pública, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Sin embargo, ante el cúmulo de pruebas que afirma tener el Ministerio Público, se espera que esta vez se llegue a una rápida conclusión.
Este nuevo escándalo de corrupción representa una oportunidad crucial para creer en la efectividad del combate a la corrupción en República Dominicana. La población espera que se haga justicia y que se siente un precedente que demuestre que nadie está por encima de la ley, sin importar su posición o influencia.
