En un operativo sin precedentes, la Fiscalía y las fuerzas de seguridad de Chile han desarticulado una extensa red de corrupción que operaba al interior de los recintos penitenciarios del país. Un total de 66 personas, entre las que se encuentran 44 funcionarios de Gendarmería, fueron detenidas en la denominada "Operación Apocalipsis".
La investigación reveló un sofisticado sistema de sobornos y tráfico ilegal de productos, que iba desde la introducción de drogas, armas y teléfonos celulares, hasta el ingreso irregular de personas a las cárceles, a cambio de elevadas sumas de dinero. Los montos oscilaban entre 10.000 y 400.000 pesos chilenos, dependiendo del tipo de producto o servicio solicitado.
Según los antecedentes entregados por el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, la red operaba en al menos dos centros penitenciarios de la Región Metropolitana: Santiago 1 y el CPF San Joaquín. Los funcionarios de Gendarmería, en complicidad con grupos criminales conocidos como "manillas" o "manilleros", permitían el ingreso de diversos artículos prohibidos a cambio de sobornos.
Incluso se detectó que los propios gendarmes obligaban a los internos a entregarles dinero a cambio de devolverles teléfonos celulares que les habían incautado previamente. Además, se reveló la existencia de un "tarifario" al interior de la cárcel Santiago 1, donde se cobraban montos que iban desde 10.000 pesos por ingresar una palta, hasta 400.000 pesos por un teléfono.
El presidente Gabriel Boric valoró el trabajo de la Fiscalía y las fuerzas de seguridad, destacando que durante la anterior administración no se le había dado la prioridad necesaria a la investigación de este tipo de hechos en los recintos penitenciarios. Ahora, con el actual fiscal nacional, Ángel Valencia, se ha logrado avanzar de manera significativa en esta compleja tarea.
Por su parte, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, reconoció que si bien la institución hace un "esfuerzo titánico" por mantener el control de las cárceles, no se puede afirmar que tengan un control absoluto, dada la magnitud del fenómeno social que enfrentan.
Los detenidos serán formalizados el próximo viernes 19 de diciembre, imputados por delitos como agrupación criminal, infracciones patrimoniales, cohecho y soborno. Esta investigación sin duda sacude los cimientos del sistema penitenciario chileno y pone en evidencia la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en estas instituciones.




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