El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó por 21 votos a favor y 2 en contra una reforma integral al Código Fiscal y leyes hacendarias con el objetivo de modernizar el marco jurídico fiscal y brindar mayor certeza a los contribuyentes.
La reforma incluye adecuaciones al Código Fiscal, Ley Estatal de Derechos, Ley de Hacienda y Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Chihuahua y sus Municipios. Entre los principales cambios se encuentran:
- Se estableció la definición de las contribuciones, incluyendo las aportaciones de seguridad social.
- Se fortaleció la certeza jurídica al precisar que las resoluciones administrativas fiscales favorables a particulares solo podrán ser modificadas por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).
- Se ajustaron plazos y procedimientos para la atención de promociones fiscales por parte de la autoridad.
- Se actualizaron disposiciones relacionadas con la condonación de multas, el embargo y enajenación de bienes, y los medios de defensa del contribuyente.
- Se realizó una actualización integral de cuotas definidas en Unidades de Medida y Actualización (UMAs) por diversos servicios públicos.
- Se reformaron y agregaron disposiciones relativas al objeto y la tasa de algunas contribuciones, estableciendo que ciertos derechos no formarán parte de la base gravable del impuesto correspondiente.
- Se definió el destino de los ingresos obtenidos, asignando recursos al fortalecimiento de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).
- Se reguló de manera más precisa la periodicidad y mecanismos de convocatoria de la Reunión Estatal y de la Comisión Permanente, fortaleciendo la coordinación hacendaria entre el Estado y los municipios.
Según el dictamen, los ajustes a tasas y cuotas se orientarán a financiar inversión pública productiva, fortalecer sectores estratégicos como la educación, la salud y la asistencia social, y garantizar la continuidad de servicios esenciales.
La reforma busca transparentar costos, homologar criterios y garantizar proporcionalidad en el cobro de derechos, así como incorporar nuevos conceptos y servicios, y derogar disposiciones que ya no respondían a la realidad administrativa actual, privilegiando la simplificación y claridad normativa.










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