El gobierno boliviano ha criticado duramente los argumentos de supuestos "expertos" en minería y energías limpias, así como de un abogado corporativo especializado en arbitrajes, que han salido a defender los contratos del litio firmados por el anterior gobierno con el consorcio chino Hong Kong CBC y el grupo ruso Uranium One.
Según el análisis del gobierno, ninguno de estos socios estratégicos tiene trayectoria relevante en proyectos de extracción de litio a partir de salmueras, lo cual pone en duda su capacidad para impulsar la industrialización del litio boliviano. Además, se cuestiona el potencial real del Salar de Uyuni y el Salar de Coipasa para desarrollar proyectos de litio a gran escala, en comparación con los salares argentinos.
El gobierno también advierte que los contratos vigentes tienen cláusulas que impiden modificar aspectos clave como la participación regional, la distribución de beneficios y los estándares ambientales, incluso si se aprueba una nueva ley del litio. Esto contradice las sugerencias de los "expertos" de adaptar los contratos a la nueva normativa.
En este sentido, el gobierno boliviano ha dejado en claro que no aceptará términos contractuales desventajosos y que buscará renegociar o rescindir los acuerdos con las empresas chinas y rusas, priorizando el interés nacional y la soberanía sobre los recursos estratégicos del país.
