La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca logró que se dicte 9 meses de prisión preventiva contra Félix Maldonado, investigado por el presunto delito de lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, en agravio de su expareja.
La medida fue impuesta luego de que el Ministerio Público sustentara en audiencia los elementos de convicción reunidos durante la investigación preliminar, así como el peligro de fuga y la gravedad del delito imputado.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron en un establecimiento comercial de la provincia de Nasca, región Ica, donde el imputado habría agredido violentamente a su expareja, tomándola del cabello y causándole tres cortes profundos en el rostro con una navaja.
La Fiscalía considera que la violencia ejercida reviste especial gravedad no solo por el uso de un arma blanca, sino por el impacto físico y psicológico ocasionado a la víctima, en un contexto de violencia de género, lo que agrava la responsabilidad penal del investigado.
Durante la audiencia, el fiscal José Meléndez Curasi argumentó que concurren los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal para la imposición de la prisión preventiva, entre ellos la gravedad de la pena esperada, la existencia de graves y fundados elementos de convicción y el riesgo de que el investigado eluda la acción de la justicia.
Con base en estos argumentos, el Poder Judicial ordenó que el imputado afronte el proceso penal recluido en un establecimiento penitenciario, mientras continúan las diligencias orientadas a esclarecer plenamente los hechos.
El Ministerio Público recordó que los delitos vinculados a la violencia contra las mujeres y el grupo familiar constituyen una prioridad institucional, en línea con la política de persecución penal y protección de las víctimas. En ese sentido, la Fiscalía reafirmó su compromiso de actuar con debida diligencia, especialmente en casos donde se evidencia un alto grado de violencia.
La investigación continuará a fin de determinar las responsabilidades penales correspondientes, recabar nuevos medios probatorios y garantizar que el proceso se desarrolle conforme a ley, en defensa de la legalidad y del interés público.
Cabe precisar que la prisión preventiva no constituye una sentencia, sino una medida excepcional destinada a asegurar el desarrollo del proceso penal. No obstante, el caso podría derivar en una condena efectiva si se acreditan los hechos y la responsabilidad del imputado durante la etapa de juzgamiento.
