La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional de República Dominicana dispuso la noche de este domingo 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim y otras seis personas, como medida de coerción por la acusación de cometer irregularidades administrativas en la institución gubernamental Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).
El caso, conocido como "Caso Senasa", involucra a varios exfuncionarios de alto nivel de dicha entidad, quienes habrían incurrido en presuntas faltas graves durante su gestión. Entre los cargos que enfrentan se encuentran el uso indebido de fondos públicos, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.
Según la información recabada, las investigaciones revelaron que los implicados habrían desviado recursos destinados a programas y proyectos del Senasa para beneficio personal. Esto habría ocurrido a través de la adjudicación irregular de contratos, sobrevaluación de servicios y adquisiciones, así como la creación de empresas fantasmas.
El juez a cargo del caso determinó que existían suficientes elementos de prueba para ordenar la prisión preventiva de Santiago Hazim y los otros seis acusados, con el objetivo de evitar que puedan entorpecer la investigación o evadir la justicia.
Esta medida judicial se produce luego de meses de pesquisas y denuncias por parte de organismos de control y la sociedad civil, quienes habían exigido que se esclarecieran las irregularidades detectadas en el Senasa.
El "Caso Senasa" ha generado gran indignación en la opinión pública dominicana, pues pone en evidencia los altos niveles de corrupción que aún persisten en algunas instituciones gubernamentales del país. Diversos sectores han reclamado que se aplique todo el peso de la ley a los responsables, sin importar su posición o influencias.
Esta condena a prisión preventiva de 18 meses es un primer paso en el proceso judicial, pero aún queda un largo camino por recorrer para que se esclarezcan todos los detalles del caso y se determine la responsabilidad individual de cada uno de los implicados. La sociedad dominicana espera que este sea el inicio de una depuración más amplia en el sector público.
