Las operaciones llevadas a cabo la semana pasada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso SEPI y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el caso Plus Ultra, ambas lideradas por la Fiscalía Anticorrupción, han sembrado dudas de corrupción en los rescates otorgados por el Gobierno a tres empresas por un importe total de 641 millones de euros: Tubos Reunidos (113 millones), Plus Ultra (53 millones) y Air Europa (475 millones).
Fue en julio de 2020 cuando el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el Real Decreto-ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica, con el que creó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que pretendía dar estabilidad a sociedades que sufrían las consecuencias de la pandemia. Para gestionar estos fondos, el Ejecutivo concibió el Consejo Gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Desde esta empresa pública se concedieron préstamos a diferentes empresas que pretendían sortear la crisis provocada por la COVID-19. El total de operaciones aprobadas ascendió a 3.256 millones de euros. Estos préstamos deberán ser reintegrados hasta 2029 según los acuerdos de financiación suscritos con la SEPI.
Sin embargo, las pesquisas de los cuerpos policiales han evidenciado irregularidades en las tres operaciones que se analizan en dos juzgados y en el Tribunal Supremo.
La investigación desarrollada por la UCO apunta a que una trama autodenominada en euskera "Hirurok" [Nosotros tres], compuesta por la "fontanera" del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el empresario vasco Antxon Alonso, habría percibido con la mercantil Mediaciones Martínez SL al menos 114.950 euros por su "intermediación" en el rescate de 113 millones a la firma vasca Tubos Reunidos.
Por otro lado, la detención por parte de los agentes de la UDEF del dueño de la compañía aérea Plus Ultra, Julio Martínez, de su número dos, Roberto Roselli; y del empresario Julio Martínez Martínez abre una incógnita sobre el pago de 53 millones por parte de la SEPI. Según la querella que interpuso Anticorrupción, los dirigentes de la compañía podrían haber utilizado el dinero público para blanquear "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios en Venezuela".
Además, el escrito de acusación que presentó en el Tribunal Supremo el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejando Luzón, por el caso del pelotazo de las mascarillas, alude de forma expresa a la decisión del Consejo de Ministros de conceder dos préstamos a la aerolínea Air Europa por 475 millones a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). En este caso, el exministro José Luis Ábalos habría atendido los intereses de Víctor de Aldama, recibiendo a cambio el pago de una estancia en un chalet vacacional en Marbella.
Estas investigaciones siembran dudas sobre la transparencia y la adecuada gestión de los fondos públicos destinados a rescatar a empresas en dificultades durante la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción y los cuerpos policiales continuarán analizando estas operaciones para esclarecer si se produjeron irregularidades o actos de corrupción.
