El Gobierno español, a través de la ministra de Sanidad Mónica García, se encuentra en una delicada negociación con los sindicatos del sector sanitario para evitar la retirada del borrador del nuevo estatuto marco para los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Esta situación se desencadenó luego de que el Partido Popular (PP) exigiera la retirada de dicho estatuto durante la última reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El PP alega que el texto no cuenta con el consenso necesario de los profesionales y las comunidades autónomas.
La ministra García ha dejado claro que hará todo lo posible para que el estatuto llegue al Congreso para su tramitación parlamentaria, pero reconoció que el Ministerio de Sanidad no puede decidir "solo" y necesita "el apoyo de las comunidades y los sindicatos".
Cabe destacar que este nuevo estatuto marco contempla importantes mejoras para los trabajadores del SNS, como la reducción de las guardias de 24 a 17 horas y la realización de oposiciones cada dos años para acabar con la precariedad laboral. Sin embargo, los sindicatos médicos que convocaron huelgas la semana pasada reclamaban un estatuto propio y una interlocución directa con la administración, algo que no contempla el borrador actual.
Ante esta situación, el Gobierno ha decidido consultar este lunes a los sindicatos del ámbito sanitario -CCOO, UGT, CSIF, SATSE-FSES y CIG-Saúde- sobre la exigencia del PP de retirar el estatuto que se negocia. De aceptar esta solicitud, se mantendría vigente el estatuto de 2003, renunciando a las mejoras que se habían pactado.
La ministra García defiende que el estatuto propio de los médicos puede incluirse en un capítulo del estatuto general y común, ya que los derechos y condiciones laborales mejoradas deben aplicarse a todos los profesionales sin fragmentar el sistema. Sin embargo, los sindicatos médicos mantienen su posición de exigir un estatuto específico.
Esta negociación se perfila como un delicado equilibrio entre las demandas de los profesionales, las comunidades autónomas y el Gobierno central, con el objetivo de lograr un estatuto que cuente con el mayor consenso posible y permita mejorar las condiciones laborales del personal sanitario en España.
