Ecuador necesita ampliar los plazos de su deuda pública para aliviar la presión futura sobre el presupuesto, según expertos. Actualmente, la normativa incentiva la colocación de papeles de corto plazo, cuando el país requiere deuda a largo plazo.
La dolarización, adoptada en el 2000, implicó dejar atrás los instrumentos clásicos de política monetaria como las operaciones de mercado abierto y la ventanilla de redescuento del Banco Central. Sin embargo, el encaje bancario se mantuvo como herramienta para regular la liquidez.
Al cierre de noviembre de 2025, la banca mantenía $59.336 millones en depósitos, de los cuales tres cuartas partes eran exigibles en plazos menores a 91 días. Esto muestra que los bancos deben administrar cuidadosamente los plazos de financiamiento.
La normativa actual sobre encaje bancario no ha sufrido mayores cambios. Los bancos con activos superiores a $1.000 millones deben mantener un encaje del 5%, mientras que el resto de la banca debe mantener el 4%. Esto no ha afectado la liquidez del sistema.
Sin embargo, la incorporación gradual de las cooperativas y mutualistas al régimen de encaje sí tendrá un impacto, aunque marginal. Se estima que el traslado de recursos al Banco Central será de alrededor de $130 millones entre enero y junio de 2026.
Adicionalmente, se ha incorporado la posibilidad de constituir encaje con títulos del Ministerio de Finanzas de plazos menores a un año, pasando del actual 20% al 45% como su peso máximo. Esto podría implicar un incremento de $890 millones en la posición de bonos de corto plazo.
Expertos señalan que este cambio, en realidad, incentiva la demanda por instrumentos de corto plazo, cuando lo que el país necesita es deuda pública de largo plazo. Seguir estimulando la colocación de papeles con plazos cortos es descartar como objetivo aliviar la presión futura sobre el presupuesto.
Para los expertos, Ecuador debe avanzar en crear mercados secundarios que incentiven colocaciones de largo plazo con elevada rotación. Esto permitiría mejorar la estructura de vencimientos de la deuda pública y reducir los riesgos de refinanciamiento.
