El Partido Libre de Honduras, una formación política de izquierda, ha anunciado que no otorgará legitimidad política al próximo gobierno que surja de los recientes comicios celebrados en el país. En una asamblea nacional extraordinaria realizada en la ciudad de Siguatepeque, los miembros del partido emitieron una resolución en la que denuncian la "injerencia descarada del gobierno de Estados Unidos" y la "restauración del narcoestado" en Honduras.
La resolución, leída por el expresidente Manuel Zelaya, líder del Partido Libre, y por su candidata presidencial, Rixi Moncada, señala que las elecciones no fueron una competencia entre proyectos de país, sino "una operación encubierta de restauración del bipartidismo" entre los partidos Nacional y Liberal, las dos agrupaciones de derecha que se alternaron el poder en Honduras hasta el triunfo de la presidenta Xiomara Castro en 2022.
El partido considera que el proceso electoral estuvo "viciado de injerencia estadounidense y oligárquica", y por lo tanto, no reconocen los resultados divulgados y proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Además, instaron al pueblo hondureño a salir a las calles para luchar contra lo que consideran un "fraude electoral", ya que, según ellos, el sufragio no se ejerció libremente debido a un cuestionado recuento de resultados preliminares que, a dos semanas de los comicios, no deja a un claro ganador.
En su manifiesto, el Partido Libre denunció una "operación continental de miedo ideológico" que utilizó "el fantasma del comunismo y la estigmatización de Cuba y Venezuela" para inducir el voto por temor. Asimismo, ratificaron su identidad ideológica de izquierda, revolucionaria, democrática y pacífica, comprometida con la refundación de la patria.
La candidata presidencial Rixi Moncada sentenció que "jamás reconoceremos las elecciones de la trampa, argucia, artificio y del engaño al pueblo hondureño". El Partido Libre considera que es una "necesidad histórica e impostergable" la demanda y promoción de la justicia, donde el pueblo dicte una nueva Constitución que privilegie lo público y los beneficios para las grandes mayorías, en lugar de los privilegios de la casta política y la clase económica.
