El procurador adjunto general, Wilson Camacho, salió al paso de las acusaciones sobre un supuesto trato privilegiado a tres imputados en el caso de presunto desfalco millonario al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Camacho aseguró que la solicitud de variar la medida de coerción a prisión domiciliaria se debe a la admisión de culpabilidad y colaboración efectiva de estos acusados con la investigación.
El caso, que involucra un desfalco de más de 15 mil millones de pesos, ha generado cuestionamientos por parte de abogados de otros imputados, quienes consideran que los tres acusados con mayor nivel de responsabilidad no deberían recibir medidas menos gravosas.
Sin embargo, Camacho defendió la actuación del Ministerio Público, explicando que la variación de la medida de coerción es una estrategia procesal basada en la colaboración de los imputados. Aseguró que, como parte de la solicitud, se han impuesto medidas como arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantías económicas que ascienden hasta 400 millones de pesos.
El procurador adjunto reiteró que para otros imputados del caso, la prisión preventiva continúa siendo la medida de coerción adecuada, dada la gravedad de los hechos y el daño ocasionado a la institución. El principal acusado en este caso es el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim.
La audiencia de solicitud de coerción contra los imputados en el caso de presunto desfalco a SeNaSa fue aplazada nuevamente por el juez Rigoberto Sena, esta vez para el domingo a las 6:00 de la tarde.
