La Procuraduría General de la Nación ha presentado una millonaria demanda de reparación contra el ex procurador general Alejandro Ordóñez por la sanción impuesta a la ex senadora Piedad Córdoba en 2010. Después de cuatro años sin avances, el Consejo de Estado ha reactivado el proceso y solicitado pruebas clave para tomar una decisión en el primer semestre de 2023.
La demanda busca que Ordóñez, quien lideró el ente de control disciplinario entre 2009 y 2016, sea declarado responsable por culpa grave en la sanción de destitución e inhabilitación por 18 años que impuso a Córdoba. La Procuraduría reclama el pago de 1.674 millones de pesos, monto que tuvo que desembolsar para reparar a la ex senadora después de que el Consejo de Estado anulara la sanción en 2016.
El fallo judicial determinó que la decisión de Ordóñez se basó en "conjeturas e indicios que no fueron demostrados" y que no constituían pruebas suficientes para sancionar a Córdoba por supuestos vínculos con las FARC. La Procuraduría ahora busca que el ex procurador asuma personalmente ese costo.
Ordóñez, representado por la experimentada abogada Ruth Stella Correa, se ha negado a llegar a una conciliación y planea llevar el caso hasta las últimas instancias. Argumenta que la evidencia incautada en los computadores de Raúl Reyes demostraba los nexos de Córdoba con la guerrilla, lo que justificaba la sanción disciplinaria.
El Consejo de Estado ha solicitado información adicional a la Corte Suprema, la Fiscalía y otros entes para tener un panorama completo antes de emitir su fallo definitivo sobre esta millonaria demanda que enfrenta al ex procurador Ordóñez.
