Expresidente boliviano Luis Arce enfrenta prisión preventiva por presunto desvío de fondos

La Fiscalía de Bolivia ha solicitado prisión preventiva durante tres meses para el expresidente Luis Arce, quien se encuentra detenido desde la víspera por presunto desvío de capitales del Fondo Indígena durante su gestión como ministro de Economía.

El Ministerio Público alega riesgo de fuga y obstrucción a la investigación, además de los indicios por los que el exmandatario fue arrestado. La Fiscalía sostiene que Arce "sugirió, promovió y autorizó la canalización irregular de fondos públicos hacia cuentas particulares", lo que habría contribuido a la crisis económica que atraviesa Bolivia.

Los cargos atribuidos a Arce incluyen enriquecimiento ilícito, adopción de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica. Según las autoridades, los hechos investigados se remontan al período en que Arce se desempeñó como ministro de Economía, entre 2006 y 2017, y posteriormente entre enero y noviembre de 2019, durante el mandato del expresidente Evo Morales.

La Fiscalía ha anunciado que llamará a declarar a 24 personas clave en el marco de la causa, incluidas la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, la excónsul de Bolivia en Puno (Perú) Felipa Huanca y otros ex altos cargos durante el período en que se habrían cometido los delitos.

El escrito de imputación señala que Arce, quien se ha acogido a su derecho a no declarar en su primera comparecencia ante las autoridades, habría aprobado "proyectos fantasma" financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc), lo que habría causado un perjuicio de unos 360 millones de bolivianos (cerca de 44,5 millones de euros), según las estimaciones del Gobierno.

La detención y el pedido de prisión preventiva contra el expresidente Arce, quien actualmente se desempeña como líder del Movimiento al Socialismo (MAS), han generado gran revuelo político en Bolivia y avivan las tensiones entre el Gobierno y la oposición. El caso se perfila como uno de los mayores escándalos de corrupción que enfrenta el país andino en los últimos años.