El Congreso de la Ciudad de México recibirá en los próximos días la propuesta de Ley de Rentas Justas y Asequibles, un proyecto que podría cambiar la forma en que se habita, renta y comparte esta capital durante los siguientes años en materia de alquileres temporales.
Mientras algunos han intentado reducir el debate a un conflicto entre hoteleros y anfitriones, lo que realmente está en juego es la posibilidad de construir un modelo de ciudad donde la vivienda y el turismo no compitan, sino que se fortalezcan mutuamente.
Las nuevas realidades económicas, sociales y culturales de la CDMX exigen repensar la manera en que se entiende el alojamiento. Hoy, el turismo en la capital no solo responde a viajes de placer, sino también a motivos de salud, estancias laborales temporales, residencias artísticas, movilidad académica y acompañamiento en procesos de cuidado. Estas dinámicas requieren alternativas flexibles, seguras y reguladas que convivan con la vivienda permanente y permitan a la ciudad responder a un ecosistema cada vez más diverso.
Según lo que se conoce hasta ahora, la nueva Ley de Rentas Justas podría tener un impacto importante en los prestadores de servicios de alojamiento temporal. Si bien hubo reuniones de trabajo con el llamado Bando 1, aún no existe claridad sobre cómo se reflejarán esos acuerdos en la legislación final. No obstante, desde el Frente Unidos por la Hospitalidad confían en que el proceso derive en un marco equilibrado, que reconozca el aporte económico y social del sector y que permita a la ciudad avanzar hacia una regulación moderna, ordenada y justa.
La hospitalidad comunitaria -bien regulada y con reglas claras- representa una oportunidad redistributiva real: por cada inmueble registrado como alojamiento temporal se generan hasta 3.5 empleos directos, indirectos e inducidos. Hoy, contrario a muchos prejuicios, los anfitriones no solo pagan impuestos: pagan más. El Impuesto Sobre el Hospedaje (ISH) que se aplica a las estancias temporales es 1.5 veces superior al que pagan otros modelos de hospedaje. Y la homologación del ISH en todo el sector -según estimaciones de la Secretaría de Finanzas- podría aportar 850 millones de pesos adicionales cada año para destinarlos a necesidades sociales urgentes, incluida la vivienda asequible.
Esta es una postura clara de corresponsabilidad fiscal, no una demanda de privilegios. A ello se suma la propuesta de crear una certificación profesional de anfitriones en colaboración con universidades; fortalecer la Defensoría de Derechos Inquilinarios con mediación y representación gratuitas; sancionar con expulsión del padrón a quienes realicen desalojos ilegales, y explorar modelos innovadores como las cooperativas turístico-vivienda, donde residentes y comunidades se conviertan en copropietarios de proyectos híbridos entre vivienda permanente y hospedaje regulado.
Rumbo al Mundial 2026, la CDMX tiene la posibilidad de convertirse en referente global de un turismo sostenible, comunitario y decolonial, capaz de coexistir con una política de vivienda justa y moderna. El reto no es oponerse a ninguna regulación, sino construir reglas claras que permitan que la vivienda sea accesible y que el turismo siga siendo un motor económico. La capital puede liderar ese equilibrio si el proceso legislativo escucha a todos los actores.
