El ministro Chapman intentó justificar las millonarias transferencias de fondos públicos a municipios controlados por diputados afines al gobierno, comparándolas con la inocua "bichera" de antaño. Sin embargo, los datos revelan un claro patrón de clientelismo político que pone en entredicho la legalidad y transparencia de estas asignaciones.
Según el informe, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó créditos extraordinarios por 11.5 millones de dólares para diversos municipios, argumentando que se trataba de atender "necesidades básicas de las comunidades". No obstante, los municipios y juntas comunales favorecidos resultaron ser aquellos vinculados a diputados del partido de gobierno o afines a él.
Tal es el caso del alcalde Antonio "Pope" Bernal, del municipio de San Carlos, quien utilizó 192,000 dólares del subsidio recibido para hacer donativos a personas, una práctica claramente clientelista. Otros 150,000 dólares fueron asignados a la Junta Comunal de El Chorrillo, controlada por el diputado Sergio Gálvez.
Otras transferencias cuestionadas incluyen 150,000 dólares para el municipio de Aguadulce, feudo del diputado panameñista Jorge Herrera, actual presidente de la Asamblea, y 750,000 dólares para el municipio de Pedasí, cuyo alcalde Miguel Batista está vinculado al diputado Carlos Afú.
El ministro Chapman intentó minimizar el escándalo al comparar estas transferencias con las "bicheras" del pasado, una práctica de apropiación indebida de pequeña escala que la comunidad solía tolerar como una "travesura inocua". Sin embargo, las cifras y los vínculos políticos involucrados en estos casos revelan un patrón de clientelismo institucionalizado que pone en duda la legalidad y transparencia de estas asignaciones.
Además, el contralor Anel Flores ha sido criticado por permitir que, bajo su supervisión, la Asamblea Nacional haya incrementado su planilla en 1,558 funcionarios en los últimos meses, alcanzando un total de 11,322 personas. Según el ministro Chapman, esto también sería necesario "para atender las necesidades" de los 71 diputados.
En resumen, las transferencias millonarias a municipios afines al gobierno y el crecimiento desmedido de la planilla de la Asamblea Nacional parecen responder a una lógica de clientelismo político, en lugar de atender verdaderas necesidades de la población. Estas prácticas cuestionables ponen en entredicho la transparencia y el buen uso de los fondos públicos en Panamá.
