La fiscal litigante Mirna Ortiz reveló este jueves que el monto de los sobornos investigados en el caso "Operación Cobra", que indaga un presunto desfalco de más de RD$15,000 millones al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), asciende a aproximadamente RD$2,000 millones.
Ortiz explicó que la medida de coerción presentada ante el tribunal incluye más de 138 pruebas documentales, 35 testimoniales y evidencias periciales. Además, destacó que tres de los imputados han admitido su participación en los hechos y colaboran con el Ministerio Público, reconociendo que pagaron sobornos a miembros de SeNaSa, incluido su exdirector Santiago Hazim.
Sobre la complejidad del caso, la fiscal precisó que "más que razones para que el caso sea declarado complejo, una de esas razones es la pluralidad de víctimas. Estamos hablando de un seguro de salud que tiene bajo su cobertura más de 7 millones de dominicanos".
La audiencia continuará este viernes a las 2:00 de la tarde con la presentación de las defensas y la réplica del Ministerio Público, tras lo cual el tribunal quedará en condiciones de emitir su decisión sobre las medidas de coerción solicitadas.
El caso "Operación Cobra" ha generado gran impacto en la opinión pública dominicana, ya que involucra a altos funcionarios y empresarios en un presunto esquema de corrupción que habría desviado fondos destinados a la salud pública. La revelación de que los sobornos ascienden a RD$2,000 millones, una cifra considerablemente alta, agrava aún más la situación y pone en evidencia la magnitud del supuesto desfalco.
Cabe destacar que este caso se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la corrupción en el país, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar los esfuerzos de investigación y enjuiciamiento de este tipo de delitos. La participación de tres imputados que han admitido su culpabilidad y colaboran con el Ministerio Público podría ser clave para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los involucrados.
La audiencia del viernes será crucial, ya que el tribunal deberá decidir sobre las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público. Esta decisión tendrá un impacto significativo en el desarrollo del proceso y en la posibilidad de que los presuntos responsables enfrenten las consecuencias legales de sus acciones.
