La sentencia a cadena perpetua impuesta al exministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil, ha generado numerosas interrogantes en la isla y en el exterior. Gil, quien lideró la fallida reforma económica aplicada en los últimos años, fue condenado por espionaje, cohecho y "actos en perjuicio de la actividad económica", entre otros delitos.
La excepcional dureza de la condena, que también incluye 20 años de prisión adicionales y la confiscación de sus bienes, ha llevado a expertos y familiares a cuestionar si Gil está siendo utilizado como un "chivo expiatorio" para cargar con las culpas de la desastrosa situación económica que atraviesa Cuba.
El juicio, que se desarrolló de forma rápida y secreta, no ha especificado los actos ilícitos concretos cometidos por el exministro ni las evidencias presentadas en su contra. Esto ha generado aún más interrogantes sobre los verdaderos motivos detrás de la sentencia.
Alejandro Gil, de 61 años, era considerado mano derecha del presidente Miguel Díaz-Canel y responsable de reflotar una economía en crisis permanente, agravada por los efectos de la pandemia y el recrudecimiento de las sanciones estadounidenses. Su gestión al frente de la llamada "Tarea Ordenamiento", una reforma estructural que incluyó la unificación monetaria y cambiaria, ha sido señalada como uno de los factores que contribuyeron a la profundización de la crisis económica en la isla.
Con el PIB del país desplomándose, las arcas del Estado en bancarrota y una galopante inflación, el éxodo migratorio cubano ha alcanzado niveles récord en los últimos años. En este contexto, la condena a Alejandro Gil ha sido vista por muchos como un intento de culpar a un funcionario por las fallas de un sistema económico en plena debacle.
