Desde finales de 2022, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua ha sido escenario de una profunda crisis institucional, luego de que la vicepresidenta Rosario Murillo llevara a cabo una purga de magistrados leales al depuesto presidente Daniel Ortega.
A pesar de los nuevos nombramientos realizados por el gobierno, aún persiste una gran incertidumbre y falta de claridad en la cúpula del Poder Judicial nicarag ense. La situación jurídica de Alba Luz Ramos, quien en teoría sigue siendo la presidenta de la Corte Suprema, no está definida, a pesar de que fue una de las primeras en ser destituida en el marco de esta crisis.
La salida forzada de Ramos y otros magistrados afines a Ortega se enmarca en una estrategia más amplia de la administración Murillo-Ortega para consolidar su control sobre las instituciones del Estado. Desde que asumieron el poder en 2007, el matrimonio presidencial ha llevado a cabo una sistemática concentración del poder, debilitando los contrapesos democráticos y subordinando al Poder Judicial a sus intereses políticos.
La purga de la Corte Suprema es vista por analistas como un nuevo paso en este proceso, con el objetivo de colocar en la cúpula judicial a funcionarios leales que puedan avalar las decisiones del régimen y desarticular cualquier intento de oposición o resistencia desde el sistema de justicia.
Sin embargo, la situación actual genera preocupación, ya que la falta de claridad y transparencia en torno a los nombramientos y destituciones de los magistrados pone en entredicho la independencia y legitimidad del máximo tribunal del país. Esto, a su vez, podría tener graves consecuencias para el Estado de Derecho y los derechos de los ciudadanos nicarag enses.
Expertos señalan que la crisis en la Corte Suprema es solo uno de los múltiples frentes abiertos que enfrenta el gobierno de Ortega-Murillo, que se encuentra cada vez más aislado a nivel internacional debido a las denuncias por graves violaciones a los derechos humanos y el deterioro de las instituciones democráticas.
En este contexto de incertidumbre y autoritarismo, la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos han hecho un llamado urgente al régimen nicarag ense para que respete la independencia del Poder Judicial y garantice el debido proceso y las garantías judiciales para todos los ciudadanos.
