La designación del fiscal general por parte del Consejo de la Judicatura ha sido catalogada como una de las más graves distorsiones institucionales de los últimos años en Ecuador. Expertos aseguran que esta acción constituye una usurpación flagrante de competencias constitucionalmente asignadas, socavando los cimientos de un Estado de derecho.
La Constitución ecuatoriana establece con claridad que corresponde al Consejo de Participación Ciudadana, mediante un concurso público de méritos y oposición, la designación del fiscal general. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura, cuyo mandato constitucional se limita a la administración, vigilancia y disciplina de los servidores judiciales, ha procedido a nombrar al titular de la Fiscalía, lo que se considera un acto radicalmente nulo que no puede generar efectos jurídicos válidos.
"No se trata de un debate técnico menor, ni de una interpretación ilegítima de normas ambiguas; estamos ante una usurpación flagrante de competencias constitucionalmente asignadas que socava los cimientos de un Estado de derecho", señaló un experto en derecho constitucional.
La designación del fiscal general por parte del Consejo de la Judicatura evidencia la precariedad institucional a la que ha llegado el país, al margen de todo proceso democrático y meritocrático. Incluso se ha omitido aplicar los propios estándares de mérito y elegibilidad establecidos por el Consejo de Participación Ciudadana.
Ante esta situación, se exige que el Consejo de Participación Ciudadana cumpla con su mandato constitucional y designe al fiscal general a la brevedad posible, a través de un proceso transparente y apegado a la ley.
"Ecuador debe contar cuanto antes con una Fiscalía General encabezada por una autoridad legítimamente designada, cumpliendo todos los protocolos y requisitos que un cargo de tan alta responsabilidad demanda", concluyó el experto.
