Política 3 de mayo
El problema de la corrupción como objeto de estudio es uno de los dolores de cabeza más difíciles de analizar. Principalmente porque es muy complejo el hecho de cuantificar los verdaderos montos de dinero apropiados ilegalmente, ya sea fruto del uso indebido de influencias, la suscripción de contratos lesivos a los intereses del Estado, o por las tretas judiciales que los sujetos corruptos utilizan, tanto para distorsionar la información, como para zafarse de toda responsabilidad. En suma, no es fácil investigar la corrupción porque todas las condiciones que están a nuestro alrededor, juegan en contra del esclarecimiento de los hechos. La corrupción política está ahí, frente a nuestros ojos, provocándonos ira, tristeza, ansiedad permanente y un impulso irrefrenable para castigarla. Es por esto que la publicación del reciente libro de Luis Zavala Castro, “Corrupción política-Democracia pactada-Neoliberalismo en Bolivia (1982-2005)”, es un motivo de orgullo y mucha satisfacción. Zavala Castro es un verdadero especialista en el tema y lleva denunciando diferentes fenómenos de corrupción política, prácticamente los últimos veinte años. En este caso, la palabra “denuncia” es consubstancial al esclarecimiento de las redes clientelares corruptas y un factor clave para comprender cómo la democracia es incapaz de controlar o, por lo menos, limitar las conductas que, abiertamente, despojan sin medida al Estado y la sociedad boliviana de sus recursos estratégicos y su dinero, destruyendo cualquier política de desarrollo económico. En la introducción del libro, Zavala Castro afirma con notable claridad que “el ciudadano común se siente impotente ante el gigantesco deterioro moral y material que día a día se le viene encima. La corrupción gubernamental se ha convertido en una realidad cultural porque el ciudadano ahora suele concebir este fenómeno como un rasgo típico del mundo que lo rodea. Es estructural y sistémica porque en la sociedad boliviana existe la creencia generalizada que la corrupción es la norma de conducta y el denominador común que reproducen todas las instituciones del Estado y resulta una realidad endémica porque a cualquier nivel de la estructura del aparato estatal se puede constatar que las instancias llamadas por ley para controlar los bienes públicos, en los hechos no funcionan tal cual deberían funcionar”. Todos los esfuerzos investigativos de Zavala Castro descansan en una “memoria histórica” sobre varios hechos de corrupción desde 1982, utilizando una cronología que es un verdadero tributo a la reminiscencia vívida que ninguna generación, contemporánea o antigua, debe olvidar jamás. La denuncia, en este caso, no es un lastre para la objetividad del estudio imparcial y científico, sino un acicate prudente para que no olvidemos quiénes fueron o son los actores de la delincuencia de cuello blanco, sindical, partidaria y gubernamental. En Bolivia, casi nadie escapa de haberse involucrado en la corrupción, si al mismo tiempo ejerció un liderazgo destacable en la política, en el desempeño de algún cargo de alto nivel, y en la dinámica de pensar que la actividad política es la industria más ventajosa y económicamente más jugosa. Bolivia no tiene patriotas, pues la gran mayoría está en el meollo de la praxis política, únicamente para enriquecerse. Zavala Castro detalla los casos más emblemáticos de la corrupción, como el grosero robo de 21 millones de dólares cometido al Fondo de Retiro del Empelado Público (FREP) y al Fondo Complementario de la Seguridad Social de la Administración Pública (FOCSSAP). El responsable fue Dante Escobar, un periodista que tuvo conexiones directas con el Ministerio de Hacienda y una densa red de dirigentes políticos con quienes intentó saltar a un liderazgo que destacó por su vileza y capacidad para reproducir una corrupción estructural. Los datos históricos que Zavala Castro aporta son muy valiosos y de su análisis se puede inferir que la corrupción es un proceso “inmanente y constitutivo” del liderazgo político en Bolivia. Los corruptos destacan, sin miramientos, tanto en los partidos de izquierda, derecha, como en las agrupaciones ciudadanas, la dirigencia sindical, entre los jóvenes, viejos, moros y cristianos. Esto no tiene nada que ver con el refrán que dice “el que no cae resbala”, sino con la necesidad de entender que la corrupción es más fuerte que la institucionalidad democrática y el control del Estado de Derecho. Esta inaguantable situación tampoco es un destino manifiesto. En todo caso, es el ímpetu de un cerco antipatriótico que odia la cosa pública, desprecia al Estado como red de instituciones de servicio ciudadano y debe ser castigado con paciencia, energía impenitente y liderazgos nuevos. La denuncia es un recurso con doble registro: por un lado, Zavala Castro la utiliza como una forma de “memoria” para tener presente la evolución de varios casos graves de corrupción, sus relaciones entre diferentes castas de líderes políticos y, por otro lado, la denuncia también contribuye a unir la investigación sociológica de la corrupción con su consecuencia fundamental: hacer que la justicia investigue penalmente el comportamiento corrupto, compruebe los impactos del daño provocado y la juzgue con una misma vara: la ley y una condena moral donde la ética pública pueda recuperar la integridad que se merece dentro de un sistema democrático. La lectura histórica y empírica de Zavala Castro, también invita a correlacionar el análisis con aportes clásicos y contemporáneos sobre la teoría de la corrupción. Robert Klitgaard, por ejemplo, sintetizó el fenómeno en una fórmula tan simple como devastadora: la corrupción es igual a un monopolio, más discrecionalidad, menos rendición de cuentas (C = M + D – A). Esta ecuación no es un juego académico, sino una radiografía brutal del Estado boliviano, donde las élites políticas han capturado monopolios de decisión, ejercen amplios márgenes de arbitrariedad y operan en contextos donde la transparencia en la rendición de cuentas es débil o inexistente. corrupcion.jpg Otros autores más recientes como Susan Rose-Ackerman, Bo Rothstein o Alina Mungiu-Pippidi van más allá, al señalar que la corrupción no es solamente un problema de incentivos individuales, sino un equilibrio social perverso, donde las normas informales legitiman el abuso y donde “todos esperan que todos sean corruptos”. En este sentido, Bolivia no enfrenta únicamente redes corruptas, sino un sistema de expectativas compartidas que normaliza el saqueo del Estado. Por eso, la denuncia —como la que impulsa Zavala Castro— es imprescindible, pero, simultáneamente, insuficiente si no se rompe ese equilibrio mediante instituciones creíbles, sanciones efectivas y, sobre todo, un cambio profundo en las normas culturales que hoy convierten a la corrupción en una práctica infernal e injusta.
