Un juez de control de garantías en la ciudad de Bogotá avaló oficialmente, este miércoles 11 de noviembre, la imputación de cargos realizada por la Fiscalía General de la Nación contra José Roberto Prieto Uribe. El procesado se desempeñó como gerente de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en los periodos de 2010 y 2014, y ahora deberá enfrentar un proceso penal por presuntas irregularidades financieras durante su gestión.
De acuerdo con el ente acusador, a Prieto Uribe se le atribuyen los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. Según la fiscal asignada al caso, estas conductas están directamente relacionadas con la gestión de recursos destinados a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el año 2014. El punto central de la investigación gira en torno a un contrato valorado en un millón de dólares, el cual estaba destinado a la realización de estudios y al seguimiento de la candidatura en aquel momento.
La Fiscalía sostiene que el pago de dicho contrato fue gestionado por la multinacional brasileña Odebrecht. Para evitar la detección y el reporte oficial, los fondos habrían sido canalizados a través de Paddington Ventures, una filial de la agencia Sancho BBDO que operaba con cuentas en el exterior. Esta estructura financiera permitió, presuntamente, que el dinero ingresara a la campaña sin pasar por los controles legales establecidos en Colombia.
Durante la audiencia de imputación, José Roberto Prieto Uribe manifestó que no comprende en qué momento habría incurrido en las conductas señaladas por la Fiscalía. El exgerente de campaña no aceptó los cargos imputados. Por su parte, su equipo de defensa técnica insistió en que la acusación presentada por el ente fiscal carecía de detalles claros y precisos respecto al tiempo, el modo y el lugar en que se habrían desarrollado los hechos denunciados.
A pesar de los argumentos de la defensa, la jueza del caso ratificó la legalidad de la imputación. La funcionaria judicial señaló que la Fiscalía sí precisó los delitos, el contexto general de los hechos y el objetivo primordial de la investigación. Asimismo, la jueza remarcó que el análisis detallado del material probatorio debe llevarse a cabo durante la etapa de juicio y no durante la fase de imputación de cargos.
La tesis de la Fiscalía es contundente: el aporte económico suministrado por Odebrecht no fue reportado ante las autoridades electorales competentes y superó los límites legales de financiación permitidos para las campañas presidenciales. Esta omisión deliberada habría inducido en error al Consejo Nacional Electoral (CNE), permitiendo que dicho organismo aprobara los informes financieros de la campaña. Como consecuencia de esta aprobación basada en datos incompletos o fraudulentos, el Estado autorizó el pago de 576 millones de pesos colombianos (COP) a título de reposición de votos.
En los informes presentados en su momento por Prieto Uribe, se registraron gastos que superaban los 13.500 millones de pesos colombianos, pero no se reportaron las donaciones que habrían financiado tales erogaciones. La fiscal explicó que el delito de enriquecimiento ilícito es una consecuencia directa del fraude procesal, ya que el ingreso injustificado de dinero se produjo mediante la inducción al error de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del CNE a través de reportes financieros fraudulentos.
Es importante señalar que, en un proceso paralelo, la Fiscalía decidió archivar una investigación distinta relacionada con un contrato firmado en el año 2015 entre la agencia Sancho BBDO y Odebrecht. En ese caso particular, el ente acusador concluyó que los pagos estaban debidamente justificados y que los servicios pactados fueron efectivamente prestados. Sin embargo, esto no afecta la investigación sobre el aporte de un millón de dólares vinculado a la campaña de 2014, la cual sigue su curso legal.
Finalmente, ante los cuestionamientos de la defensa sobre la claridad de los hechos, la fiscal detalló que las reuniones clave para coordinar estos movimientos ocurrieron en enero de 2014. Explicó que la contratación a través de Paddington Ventures respondió específicamente a la necesidad de manejar fondos fuera del territorio colombiano, concretamente en Panamá, lo que constituye la prueba de la omisión del reporte obligatorio ante el Consejo Nacional Electoral.
